La inseguridad jurídica, los avasallamientos a concesiones, el robo de minerales y el avance de la minería ilegal se consolidan como los principales obstáculos para atraer inversiones al sector minero boliviano. Esa fue la advertencia de la Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO).
Dicha federación se expresó durante la Cumbre de Minería 2026, donde además presentó un anteproyecto de ley para fortalecer la lucha contra la explotación ilegal de minerales, reportó la Agencia de Noticias Ambientales.
La presidenta de la FEPO, Jill Aydee Peñafiel, afirmó que la situación en Oruro genera un clima de incertidumbre que desalienta la llegada de capitales privados.
«Realmente estamos peleando contra lo que es minería ilegal. Incluso alrededor de la estatua de la Virgen de Oruro estamos viendo cómo frenar esta actividad junto con la Alcaldía y la Gobernación», sostuvo.
Seguridad
La dirigente señaló que la falta de seguridad jurídica es hoy uno de los principales factores que impiden nuevas inversiones en el departamento, pese a su enorme potencial minero.
«No hay empresas que quieran invertir en Oruro por el problema que constituye la inseguridad jurídica», afirmó.
En ese contexto, destacó el anuncio del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, sobre la futura Ley de Inversiones, cuya socialización ya comenzó con el sector empresarial. A su juicio, la nueva normativa deberá garantizar reglas claras y protección para las inversiones productivas.
«Uno de los puntos más relevantes es la seguridad jurídica, para que vengan inversiones a Oruro», enfatizó.
De acuerdo con información del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la propuesta de Ley de Inversiones busca fortalecer la confianza de los inversionistas mediante un marco legal más estable y generar mejores condiciones para el crecimiento económico del país.
Minería
Peñafiel indicó que numerosas empresas mineras han sufrido los efectos de los avasallamientos y de la actividad ilegal, situación que incluso obligó a algunas operaciones a cerrar temporalmente.
«Hay bastantes empresas afectadas, algunas se están cerrando, hay bastante avasallamiento. Esperemos que de esta cumbre salga una ley corta que beneficie al sector productor», manifestó.
Para el empresariado, resolver estos problemas resulta indispensable para recuperar la confianza del sector privado y dinamizar nuevas inversiones en exploración y explotación minera.
Violencia
Las preocupaciones de la FEPO se producen días después de los hechos registrados en el cerro Posokoni, en el distrito minero de Huanuni, donde murieron dos efectivos del Ejército y dos trabajadores de la Empresa Minera Huanuni durante un operativo relacionado con el robo de minerales.
El Ministerio de Minería expresó sus condolencias por las víctimas y vinculó inicialmente el hecho a acciones de grupos dedicados a la sustracción ilegal de mineral. Posteriormente, el Ministerio de Defensa señaló que las muertes habrían sido consecuencia de un deslizamiento de tierra, descartando la hipótesis de una emboscada, lo que generó versiones contrapuestas sobre lo ocurrido.
Ley
En respuesta al incremento de estos hechos, la FEPO presentó un anteproyecto de ley para fortalecer la lucha contra la minería ilegal y los delitos asociados.
El asesor jurídico de la organización, Jaime Cuéllar, sostuvo que el caso de Huanuni refleja un fenómeno mucho más profundo que el robo de minerales.
«No constituye un hecho aislado. Es la evidencia de que Bolivia ha ingresado a una fase de captura criminal de territorios estratégicos, donde grupos vinculados a la economía ilegal minera son capaces de organizar acciones letales contra quienes representan la autoridad del Estado», afirmó.
Según Cuéllar, el problema trasciende la explotación ilegal de minerales y pone en riesgo la capacidad del Estado para ejercer control sobre zonas estratégicas.
«Mientras el Estado discute procedimientos y competencias, las economías ilegales consolidan poder, financian redes de protección, ocupan territorios y desafían sin temor a la autoridad pública», advirtió.
Código Minero
La discusión se desarrolla en el marco de la Cumbre de Minería 2026, convocada para recoger propuestas destinadas a la elaboración de un nuevo Código Minero. El Gobierno mantiene reuniones con empresas estatales, cooperativas afiliadas a Fecoman y Ferreco, además de empresas privadas, y prevé ampliar el diálogo con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin).
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Desde la perspectiva económica, el empresariado considera que la reforma normativa debe ir más allá de la actualización del régimen minero e incorporar mecanismos efectivos para garantizar seguridad jurídica, combatir la minería ilegal y proteger las inversiones. Advierten que, sin estas condiciones, será difícil atraer nuevos capitales a un sector considerado estratégico para incrementar las exportaciones, generar empleo y fortalecer los ingresos del país.
La Razón
