El presidente Rodrigo Paz pidió investigar quién filtra o produce los audios que circulan en las últimas semanas y que contienen supuestas conversaciones de su exasesor Fernando Cerimedo con autoridades del Gobierno y personas del entorno presidencial.
“Eso tiene que verlo la Justicia, pero habría que investigar quién filtra o quién los produce, porque están saliendo ya, es una locura”, manifestó el mandatario el jueves, durante una visita a la comunidad de San Francisco de Tomayapo, en Tarija.
Paz ironizó sobre la difusión de las grabaciones y afirmó que próximamente podría aparecer un audio suyo conversando con periodistas.
Las declaraciones se producen en medio de la controversia por registros sonoros atribuidos a Cerimedo, en los que presuntamente se abordan disputas internas en el Gobierno, diferencias entre autoridades y posibles negociaciones relacionadas con el sector de hidrocarburos.
Paz insiste en destacar su gestión
El mandatario evitó profundizar en las denuncias sobre los supuestos negociados mencionados en las grabaciones y sostuvo que corresponde a la Justicia esclarecer el caso.
“El mejor audio es el desarrollo, el mejor audio es la producción, el mejor audio son los proyectos que estamos entregando acá”, afirmó durante su visita a Tarija.
También vinculó las acciones de su Gobierno contra el narcotráfico y las redes ilícitas con los intereses que, según señaló, habrían sido afectados durante su gestión.
Paz mencionó la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y las investigaciones sobre presuntas redes de protección a actividades ilegales.
Doria Medina exige una investigación independiente
Mientras el presidente puso énfasis en el origen de las grabaciones, el empresario y dirigente de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, pidió al fiscal general interino, José Armando Urioste, impulsar una investigación independiente sobre los audios.
Doria Medina planteó verificar la autenticidad de los registros mediante instancias independientes, investigar el patrimonio y los movimientos financieros de las personas que aparezcan en grabaciones auténticas y establecer posibles responsabilidades penales si existen indicios de delitos.
La controversia continúa creciendo a medida que se difunden nuevos registros atribuidos al exasesor presidencial, algunos de los cuales involucran presuntamente a integrantes del gabinete y familiares del mandatario.
Hasta el momento, corresponde a las autoridades competentes esclarecer la procedencia de los archivos, verificar su autenticidad y determinar si su contenido revela hechos ilícitos.
El caso representa un nuevo desafío político para el Gobierno de Paz, que enfrenta crecientes pedidos de explicaciones sobre las conversaciones atribuidas a personas de su entorno.
Ahoradigital
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