El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, el extitular de Defensa, Luis Fernando López, y la extitular de Comunicación, Roxana Lizárraga, se exponen a una pena de reclusión de 30 años de prisión, según la petición que hará la Fiscalía de La Paz por el delito de tráfico de armas e incumplimiento de deberes por la internación ilícita al país de agentes químicos en calidad de préstamo desde la República del Ecuador, durante la crisis social de noviembre de 2019.
El Fiscal Departamental de La Paz , William Alave Laura, informó que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas presentará ese petitorio en la audiencia oral del caso, en el que los tres acusados han sido declarados en rebeldía y ser acusados como autores del delito de Tráfico de Armas e Incumplimiento de Deberes.
“Como Ministerio Público, se ha emitido la acusación formal dentro del caso Gases Ecuador, y durante la investigación se colectaron 115 pruebas documentales y 48 testificales, como el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, donde figura un militar y un policía boliviano, los planes de vuelo de aterrizaje y despegue del avión Hércules C-130, donde viajaron a Ecuador policías y militares de Bolivia, además de la solicitud de devolución de los agentes químicos de la República del Ecuador, entre otros que serán presentados ante el juez durante el juicio”, dijo Alave.
De acuerdo con la investigación, el hecho se registró el 15 de noviembre de 2019, cuando se habría desarrollado una reunión de los exministros acusados en Palacio de Gobierno junto al excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y el excomandante General de la Policía Boliviana y otras autoridades, donde se tocaron varios temas y entre ellos la falta de material antidisturbios para enfrentar la situación de crisis en el país.
Según las declaraciones testificales, la solicitud la hicieron el exministro de Defensa y de Gobierno a iniciativa de la ex Ministra de Comunicación.
El Fiscal Anticorrupción, Bladimir Bolívar, informó que dentro de la acusación se llegó a determinar la participación de militares y policías en la internación ilícita de agentes químicos al país (granadas, gases y proyectiles de largo y corto alcance), en calidad de préstamo de la República del Ecuador, durante la crisis social de noviembre de 2019, aspecto que permitirá agravar la pena a 30 años de cárcel.
“Esta solicitud está fundamentada de acuerdo al artículo 141 Quater del Código Penal, en el inciso V., que indica que la pena será 30 años de presidio, sin derecho a indulto, si el tráfico ilícito fuera realizado por personal militar o policial. En este caso hubo participación de ambos, militar y policial”, dijo Bolívar.
El 15 de noviembre, la exministra de Comunicación salió de la reunión y regresó con la noticia de que habría coordinado el préstamo de equipos antidisturbios con la República del Ecuador y que debía hacerse el trámite logístico para el recojo.
Luego, los exministros de Gobierno y Defensa coordinaron con los comandantes del Ejército y de la Policía para designar personal de ambas instituciones, quienes fueron llevados directamente desde Palacio de Gobierno en helicóptero hasta el Hangar de los Diablos Negros de la ciudad de El Alto, para constituirse a Ecuador y recoger los agentes químicos y traerlos a Bolivia, para luego repartirlos entre militares y policías.
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