El diputado Marcelo Solís, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, advirtió que la relativa calma vivida durante los casi 90 días del estado de excepción en el país se debió principalmente a la “suerte” y al agotamiento de la población, y no a una fortaleza real del Órgano Ejecutivo.
A menos de 20 días de que concluya formalmente la medida, el legislador alertó por medio de Correo Play sobre la debilidad institucional del Estado frente a eventuales nuevos escenarios de conflicto.
Escenario pacífico por «cansancio»
De acuerdo con el parlamentario, la medida de excepción —que fue dictada originalmente para pacificar el país tras más de 53 días de bloqueos y conmoción social— funcionó de manera pacífica debido a que la población y los sectores movilizados ya no pudieron resistir más tiempo en conflicto.
Sin embargo, Solís precisó que la coyuntura actual es sumamente frágil y que el Estado muestra signos evidentes de debilitamiento. Como ejemplo de esta situación, señaló que, aun estando vigente el Estado de excepción, se registró un bloqueo activo en la carretera Santa Cruz-Beni, situación que exponen la falta de control por parte de las autoridades frente a las protestas.
“Fuerzas desarmadas”
Asimismo, tras realizar inspecciones presenciales en recintos penitenciarios y regimientos militares en varias regiones, el diputado cuestionó la capacidad de respuesta y la logística de las fuerzas del orden ante un posible rebrote de movilizaciones.
“Para mí, las Fuerzas Armadas son fuerzas desarmadas; no tienen las condiciones de poder llevar la defensa del Estado para un caso excepcional que podría ocurrir”, advirtió.
¿Volverán las protestas?
El legislador identificó tres elementos que amenazan con reactivar las protestas una vez que culminan el período de excepción: la crítica situación económica y la escasez de divisas en el país, las recientes denuncias contra el entorno del presidente Rodrigo Paz y el malestar frente al Decreto Supremo 5676 que incrementa el precio de los carburantes.
Este último incremento, según explicó, responde a la exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) de aplicar medidas graduales para eliminar las subvenciones a cambio de un crédito externo considerado por el Gobierno como una vía innegociable para dinamizar la economía.
Eventual ampliación del Estado de excepción
Ante la posibilidad de extender el Estado de excepción, el diputado aclaró que la Asamblea Legislativa no tiene la atribución constitucional de presentar un proyecto de ley para este fin por iniciativa propia.
“Es el Ejecutivo el que debe remitir la solicitud tras realizar un análisis e informe de lo que han sido estos primeros 90 días, para que luego la Asamblea proceda o no a su ratificación”, detalló.
Solís instó a los asambleístas a actuar con responsabilidad y capacidad de análisis en lugar de simplemente levantar la mano por consignas partidarias y subrayó la necesidad de construir consensos políticos a fin de evitar que el país vuelva a sumergirse en el caos.
Correo del Sur
