El exprocurador general del Estado José María Cabrera denunció que fue objeto de persecución y vigilancia ilegal durante su estadía en la ciudad de La Paz y espera que ahora en Santa Cruz, a donde retornó en los últimos días, “cese el hostigamiento”.
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Dijo que pudo observar estas acciones luego de su impasse con el ministro de Gobierno Arturo Murillo de quien sospecha salió la orden con el fin afectar su privacidad, tras haber observado el intento de esa autoridad de devolver acciones de Elfec a través de una “privatización express” con un simple decreto supremo.
Sostuvo que nunca pensó que lo afectasen en primera persona y recordó que siempre escuchó eso de persecuciones y que ahora le tocó vivir una situación cómoda, por lo que pidió se activen las garantías constitucionales.
“Es una vigilancia ilegal, yo acabo de trasladarme y retornar a Santa Cruz de la Sierra el día de ayer (martes 29 de septiembre), espero que cese este tipo de hostigamientos. No puede un Ministro de Gobierno disponer de una vigilancia, de una persecución para un ciudadano que haya ejercicio una función en discrepancia con él”, manifestó durante un conversatorio con activistas de derechos humanos que pertenecen al Conade.
Indicó que recientemente el Colegio de Abogados de Santa Cruz, al que está afiliado, ya se pronunció rechazando las afectaciones al derecho de privacidad, porque en La Paz era objeto de vigilancia de una pareja que supone pertenece al sistema de Inteligencia del Ministerio de Gobierno y que aparentemente reportaba información vía celular.
El dirigente del Conade Manuel Morales expresó su preocupación por el hostigamiento de parte del gobierno hacia el exprocurador, quien fue invitado la noche del miércoles para una explicación sobre relación al intento de devolver las acciones de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (Elfec) a los socios de la cooperativa telefónica de esa ciudad.
Cabrera reiteró que Murillo y la presidenta Jeanine Añez anunciaron la devolución de las acciones sin tener respaldo legal, menos el decreto supremo que buscaba el ministro de Gobierno, porque varios ministros no quisieron firmarlo en el entendido que había un acto ilegal.
Informó además que por el caso Elfec, existe un juicio penal por contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito contra los exejecutivos de la empresa eléctrica y representantes del sindicato, porque se descubrió que el dinero para la supuesta compra de acciones a la firma Bolivia Holding Co de Estados Unidos, nunca salió de los trabajadores, sino fue comprado con recursos de la misma empresa bajo una operación de “bicicleteo de recursos” a través de cuentas “offshore”.
Pagina Siete
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