Ahoradigital – Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior y exabogado del expresidente Evo Morales, fue aprehendido este miércoles en la ciudad de La Paz, en medio del operativo desplegado por la Policía y el Ministerio Público tras las recientes detenciones del fiscal general Roger Mariaca, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y el exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo.
La aprehensión de Irusta amplía el alcance de las investigaciones que se activaron en las últimas horas y que han puesto bajo la lupa a autoridades y exautoridades vinculadas a la estructura del Ministerio Público y a hechos relacionados con investigaciones por narcotráfico.
Irusta fue designado en febrero de 2026 por Roger Mariaca como Fiscal Superior, una decisión que generó cuestionamientos públicos debido a su anterior relación profesional con Evo Morales y a sus antecedentes en el ejercicio de la abogacía.
Antes de llegar al cargo de Fiscal Superior, Irusta estuvo relacionado con una investigación por la adquisición de un vehículo Audi Sportback Q5, cuyo valor habría rondado los 95.000 dólares. La pesquisa fue posteriormente desestimada por la Fiscalía de La Paz.
Su nombre también apareció entre los funcionarios bolivianos afectados por restricciones de visa impuestas por Estados Unidos, antecedente que volvió a cobrar relevancia tras la crisis que actualmente sacude al Ministerio Público.
La detención se produce además después de la difusión de una entrevista realizada a Sebastián Marset tras su captura en Santa Cruz. En ese material, el narcotraficante uruguayo menciona a Roger Mariaca y al exministro Eduardo Del Castillo, además de formular acusaciones sobre supuestos pagos y contactos con autoridades bolivianas.
Hasta el momento, la aprehensión de Irusta debe entenderse como parte de una investigación en curso y no implica, por sí sola, responsabilidad penal. Corresponderá al Ministerio Público establecer los hechos que se le atribuyen y determinar su situación jurídica conforme avance el proceso.
La sucesión de aprehensiones deja al Ministerio Público en el centro de una investigación que podría alcanzar a más funcionarios y exautoridades, mientras crecen las interrogantes sobre los vínculos entre operadores de justicia, autoridades políticas y organizaciones vinculadas al narcotráfico.
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