Ahoradigital – La crisis en el Ministerio Público escaló durante la noche del miércoles y las primeras horas de este jueves, luego de que la Policía desplegara operativos y tomara bajo resguardo las instalaciones de las fiscalías de La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca, horas después de la aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos.
En La Paz, el comandante departamental de la Policía, Ricardo César Terrazas del Pozo, confirmó que los efectivos recibieron la instrucción de resguardar las instalaciones del Ministerio Público. Según su versión, no había personas arrestadas o aprehendidas dentro del edificio y los funcionarios podían ingresar y salir.
Sin embargo, el fiscal antinarcóticos Daniel Portales denunció que no pudo ingresar a las oficinas y aseguró que los efectivos no le mostraron ninguna orden que justificara la intervención.
En Chuquisaca, el operativo ocurrió después de las 23:00, mientras funcionarios de la Fiscalía General realizaban una transmisión en vivo para pronunciarse sobre la aprehensión de Mariaca. Durante la transmisión denunciaron que policías habían ingresado a las instalaciones y calificaron el procedimiento de ilegal. Posteriormente, los funcionarios que participaban de la transmisión fueron arrestados, según la denuncia difundida desde el propio Ministerio Público.
En Santa Cruz, las oficinas de la Fiscalía también quedaron bajo resguardo policial después de las 23:00. La medida se produjo luego de que Mariaca y Zeballos fueran aprehendidos en el aeropuerto internacional de Viru Viru cuando arribaban desde Sucre.
La jornada marca una escalada en la crisis institucional que comenzó con la detención de las dos principales autoridades fiscales. Hasta el momento, la Policía no explicó públicamente el alcance total de los operativos ni los motivos específicos que llevaron a intervenir las tres sedes del Ministerio Público.
La situación ocurre además después de que Estados Unidos acusara a Mariaca de presuntamente solicitar y aceptar sobornos para facilitar actividades vinculadas al narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia. El fiscal general rechazó esas acusaciones y sostuvo que la decisión estadounidense constituía presión política e injerencia.
La aprehensión de Mariaca y Zeballos, seguida de la intervención de las fiscalías en tres departamentos, coloca al Ministerio Público en el centro de una profunda crisis institucional, mientras crecen las interrogantes sobre quién ordenó los operativos, bajo qué investigación se ejecutaron y cuál será la situación jurídica de las autoridades aprehendidas.
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