Un último informe emitido por la dirección del penal de Chonchocoro de La Paz, reveló que la vida de Misael Nallar Viveros, principal imputado por el triple asesinato de los policías en Porongo, nunca corrió riesgo y que la seguridad está garantizada no solo para este recluso sino para todos los que permanecen en ese recinto penitenciario.
El 28 de septiembre el mayor Napoleón Espejo Candia, director del recinto penitenciario de San pedro de Chonchocoro, elevó un informe detallado al director nacional de seguridad penitenciaria, coronel Hernán Romero, en torno a las condiciones de seguridad y riesgos para la vida de la población penal y del imputado Misael Nallar Viveros.
Luego de que, en redes sociales, en diferentes medios de comunicación y por parte de los abogados defensores José Islas, Jorge Tamayo y otros, circularan versiones sobre informes en sentido de que en Chonchocoro había serias amenazas contra la vida de Misael Nallar por parte de reclusos, se realizó una investigación interna.
Las versiones e informes daban cuenta de que algunos reclusos amenazaron con victimar a Nallar y lo extorsionaban de manera permanente.
El informe del gobernador de Chonchocoro, Napoleón Espejo Candia, señala que desde el 10 de septiembre seis privados de libertad fueron trasladados distintos recintos penitenciarios del país, por perturbar la convivencia pacífica del resto de la población penal.
Según el gobernador, los actos de indisciplina fueron controlados y superados al determinarse el traslado.
En parte fundamental del informe señala que, “a la fecha se cuenta con todas las medidas de seguridad y en lo que respecta a la vida del señor Misael Nallar Viveros, la misma no corre peligro encontrándose en un centro penitenciario de máxima seguridad, como es Chonchocoro”.
Indagan falsedad de informes
El informe oficial establece que se realizaron investigaciones como requisas, entrevistas, testimonios de propios internos y se llegó a la siguiente conclusión. “Revisada la documentación contenida en el kardex del privado de libertad Misael Nallar, se observa que el informe del teniente Orlando Revollo Aguilar, no se encuentra registrado o archivado. Nos causa extrañeza, pues el mismo a través de una foto se encuentra circulando en las redes sociales, por lo que se desconoce si el mismo es real o falsificado”.
El informe revela además que esos supuestos documentos dudosos deberán ser investigados por las autoridades competentes.
Debido a esos informes, la Fiscalía de Santa Cruz, que lleva adelante las investigaciones por el asesinato de los policías a la cabeza del fiscal Luis Alfredo Alba, requirió el seis de septiembre informe al gobernador de la cárcel de Chonchocoro de La Paz.
Tras las nuevas investigaciones el último informe del gobernador de Chonchocoro mayor Napoleón Espejo Candia, fue elevado a conocimiento del juez cautelar de La Guardia, Rodrigo Vedia, al fiscal Luis Alfredo Alba, así como al director general de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno, Juan Carlos Limpias y al director nacional de seguridad penitenciaria coronel Hernán Romero.
El traslado de Misael Nallar
Los abogados de Misael Nallar presentando informes que ahora fueron desvirtuados por el gobernador de Chonchocoro, lograron ser escuchados por la justicia para que su defendido sea trasladado a Santa Cruz. Sin embargo, la audiencia fijada para este viernes quedó suspendida. Los vocales se excusaron porque se presentaron abogados con vínculos familiares a los magistrados y otro a un fiscal. Por esa situación la audiencia fue fijada para el lunes 3 de octubre, que será resuelta por el vocal de la sala penal tercera Wáter Pérez que convocó a su colega Evert Álvarez. Estos dos vocales ya actuaron en el caso. Evert Álvarez confirmó la libertad del abogado Rodrigo Gonzales implicado en el asesinato y Walter Pérez, dejó en libertad al mayor Álvaro Muñoz, también imputado en el asesinato.
Los familiares de los policías asesinados Eustaquio Olano, Alfonso Chávez Flores y del voluntario del Gacip, José David Candia Orozco, aseguran estar decepcionados de la justicia. La misma decepción es compartida por los abogados de las víctimas, Juan Pablo Ibáñez y Jessica Echeverría.
EL DEBER
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