El juez Hugo Huacani, del Juzgado 11º Penal de Anticorrupción de La Paz, ordenó la detención domiciliaria para el exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), Franklin Flores, y la exfiscal de Obras, Daniela A., implicados en presuntas irregularidades en la construcción de la planta procesadora de papa en la ciudad de El Alto.
“La detención domiciliaria de los ahora imputados deberá cumplirse en un domicilio que debe ser constituido en la ciudad de El Alto o en esta ciudad de La Paz. El domicilio será verificado por personal del juzgado a través de la toma de fotografías y elaboración de croquis”, explicó el juez Huacani.
Después de una audiencia cautelar que se extendió por más de 10 horas, la justicia determinó que Flores y Arancibia se beneficien con la detención domiciliaria, mientras continúa el proceso por presunta corrupción. La audiencia concluyó en la madrugada de este jueves.
Los imputados deberán, además, tramitar su arraigo judicial ante la Dirección General de Migración, pagar una fianza de Bs 50.000 y presentarse cada 15 días en la Fiscalía para registrar el marcado biométrico.
“El monto de la fianza garantizará la presencia de los imputados en actos investigativos y procesales, y en caso de fuga, servirá para cubrir los gastos correspondientes”, agregó el magistrado.
Los sindicados deberán presentarse ante la Fiscalía y hacer su registro biométrico dos veces al mes. El juez concedió un plazo de siete días para el cumplimiento de estas medidas, las cuales pueden ser revocadas.
Según la investigación, las presuntas irregularidades se originan en la construcción de una planta de transformación y almacenamiento de papa, ejecutada sobre una superficie de 2,5 hectáreas cedida en 2022 por la Alcaldía de El Alto mediante un convenio, pero sin que EMAPA consolidara la titularidad legal del predio.
Los resultados del análisis financiero revelaron desbalances patrimoniales y movimientos bancarios inconsistentes.
Franklin Flores percibió un ingreso legal acumulado de Bs 700.000, pero presentó un excedente no justificado de Bs 209.150. Además, se detectaron depósitos realizados por otros funcionarios en su cuenta personal.
Por su parte, Daniela A., responsable de fiscalizar la obra, presuntamente no supervisó adecuadamente el cumplimiento legal del terreno y firmó dos informes técnicos sobre contratos modificatorios sin observaciones. Presentó un incremento patrimonial no justificado de Bs 61.290, además de depósitos en sus cuentas bancarias efectuados por funcionarios de EMAPA.
Ambos son investigados por los delitos de enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Un tercer funcionario también está involucrado en el proceso.
ABI
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