La Defensoría del Pueblo cuestionó la implementación del «Plan Mochila Segura» que se comenzó a ejecutar en unidades educativas de los municipios de Cochabamba y El Alto porque vulnera derechos a la intimidad, identidad e integridad de las y los estudiantes, y pidió su suspensión para trabajar otro plan que se enmarque en el respeto de los derechos humanos de esta población, según una nota de prensa.
«Rechazamos la implementación de este plan porque incurre en vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes que son objeto de la revisión de sus pertenencias, acciones que afectan su intimidad, integridad e identidad, cuya protección está consagrada en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos», manifestó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
Cruz pidió a los ministerios de Gobierno y de Educación iniciar un trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo para replantear los lineamientos del «Plan Mochila Segura»; indicó que a través de las oficinas defensoriales, departamentales y regionales, se gestiona la instalación de mesas técnicas para trabajar un protocolo de intervención de respeto de derechos y enfoque de niñez y adolescencia, junto a las autoridades locales de la Policía Boliviana, Educación y gobiernos autónomos municipales.
«La actual visión de las políticas sobre consumo de drogas legales e ilegales busca promover, proteger y garantizar el derecho a la vida y la salud pública; en ese sentido, las medidas y operativos programados, lejos de criminalizar a los usuarios de drogas, deben, por el contrario, desarrollar acciones integrales de prevención, atención, tratamiento, rehabilitación y reintegración de personas con consumos problemáticos o problemas de adicción», remarcó.
Recordó que el Ministerio de Educación en 2019 elaboró el Protocolo de Prevención y Actuación ante la Presencia, Tenencia, Consumo y Micrográfico de Drogas, que orienta el abordaje de esta problemática en el ámbito educativo, en el marco del enfoque de salud pública en el consumo de drogas, bajo los principios de respeto de los derechos humanos.
La Defensora informó que se está solicitando información oficial al Ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sobre alcance e implementación del “Plan Mochila Segura” por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, así como la coordinación del mismo con el Ministerio de Educación y autoridades municipales.
«Llama poderosamente la atención, la aquiescencia de este abordaje desde las autoridades de educación, y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, que están llamados por Ley a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como el rol que ha asumido la prensa, en estas intervenciones vulneradoras de derechos de esta población», cuestionó.
Si bien es importante resaltar que la finalidad de este Plan pretende reducir los índices de consumo de drogas entre los adolescentes, los mismos requieren de un protocolo y metodología de implementación que consideren las garantías constitucionales mínimas de esta población, detalla la nota de prensa de la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, reprochó el tratamiento noticioso, por parte de los medios de comunicación, en los operativos realizados en el marco del Plan, al no resguardar la identidad de las niñas, niños y adolescentes, enfocando los uniformes escolares, lo cual puede generar la estigmatización de las unidades educativas.
La Defensora indicó que es necesario generar estilos de vida saludable y bienestar social, hacer eco del llamado del Comité de los Derechos del Niño e instar a que el Estado boliviano, en todos los niveles de gobierno, evalúe los resultados del Plan Nacional de Salud Mental 2017-2020 en la reducción del uso de drogas, tabaco y alcohol en los niños, niñas y adolescentes y el Programa Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones.
Tomado de Brújula Digital
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