El ministro de Gobierno afirmó que su despacho cuenta con 500 manillas de seguridad listas para la aplicación en casos de agresores a mujeres y proyecta un total de 10.000 dispositivos hasta 2026.
“Ya tenemos 500 manillas en stock del Ministerio de Gobierno y estamos programando, hacia 2026, tener más de 10.000 manillas en todo el territorio nacional”, dijo la autoridad en contacto con los medios en La Paz.
Del Castillo explicó que el uso de las manillas electrónicas tiene dos objetivos; el primero “es seguir reduciendo los índices de feminicidio en todo el territorio nacional en atención a que aquellos potenciales feminicidas agresores”.
Por lo tanto, “la Justicia determinaría que se otorgue (a esos individuos) un dispositivo electrónico, sea una manila o tobillera electrónica, para que no puedan acercarse a un determinado perímetro o no puedan salir de determinado perímetro”.
El otro fin de ese tipo de dispositivos, según explicó el titular de Gobierno, es reducir el hacinamiento en las cárceles del país.
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Ley para el uso de manillas electrónicas
El 26 de diciembre la Cámara de Senadores llevó adelante la sesión número 30 y sancionó la ley de Uso de Manillas Electrónicas, además de otros proyectos de ley destinados a parar la prórroga de mandato de los magistrados de los altos tribunales.
Sin embargo, dos días después, los senadores Ana María Castillo Negrette, Rubén Gutiérrez Carrizo, Virginia Velasco Condori y Eva Luz Humérez Alvez, presentaron en Sucre un recurso directo de nulidad contra esa sesión y también revelaron que había otras dos sesiones convocadas con agendas definidas.
Todos estos senadores son del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Luego, el 29 de diciembre, los magistrados, Karen Gallardo Sejas, René Espada Navia y Carlos Calderón Medrano admitieron dicho recurso y dispusieron la suspensión de los actos de la directiva del Senado, específicamente en ese caso.
Por eso, el Senado ya no llevó adelante las sesiones 31 y 32, que ya estaban agendadas.
“Si la Cámara de Senadores, despojándose de intereses personales, partidarios políticos e ideológicos (aprobó esa norma), esperemos que este fallo constitucional no sea un óbice para que vuelvan a tratar este proyecto normativo”, expresó Del Castillo.
La Razón
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