El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CN), Pablo Camacho, señaló que las pérdidas son cuantiosas para el sector por cada día de bloqueo que se registra en el país, tema que significa cerca de $us 11 millones por cada jornada en la que la cadena industrial se ve frenada en sus operaciones
“Esto es algo irreversible y hoy más que nunca el país necesita trabajar, producir y exportar, pero nuestras carreteras están bloqueadas”, sostuvo el ejecutivo, a tiempo de exponer que también el tránsito de insumos de una región a otra en territorio nacional también se ve limitado.
Este lunes se reportaron al menos 15 bloqueos en diferentes regiones del país, de acuerdo con el reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), siendo protagonistas el miembros del transporte pesado que exigen al Gobierno la atención de su pliego petitorio en donde asoma la necesidad de oxigenar el flujo de dólares en el sistema financiero y el acceso oportuno a diésel, entre otras demandas.
Sin embargo, desde el sector privado lamentan que se den este tipo de situaciones debido a las pérdidas que esto genera y el incumplimiento que se da en materia de abastecimiento y exportaciones, de acuerdo con el reporte.
“Todo esto no es más que espantar inversiones nacionales y extranjeras, con una irracionalidad única en contra de toda lógica. Nos quejamos por la falta de combustible, pero la refinería en Santa Cruz está bloqueada”, observó el ejecutivo de la CNI.
Desde la entidad que aglutina a los industriales lamentaron que los bloqueos generen freno a la generación de divisas, funcionamiento del aparato productivo y la generación del empleo formal.
Como antecedente, se conoce que la CNI maneja un anteproyecto de ley que busca modificar el Código Penal e incorporar el delito de “obstrucción de vías públicas”, para penalizar los efectos negativos en la economía de este tipo de medida de presión, el cual ya fue remitido a la Asamblea Legislativa.
El anteproyecto propone incluir el tipo penal de “obstrucción a vías públicas”, para sancionar con 4 a 8 años de cárcel y multa de 60 salarios mínimos nacionales a quienes ilegalmente procedan al bloqueo total o parcial de caminos, u obstruyan el libre tránsito de vehículos, personas o mercaderías por las vías públicas.
También se plantea agravar la pena por del delito de amenazas en el artículo 293 Código Penal, para que sea sancionado con 3 a 6 años de cárcel, tomando en cuenta que actualmente la sanción es de 3 a 18 meses. Además, de una multa de 60 salarios mínimos.
Fuente: Unitel
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