Los jueces y operadores de justicia de todo el país que incurran en beneficiar a sentenciados por infanticidio y feminicidio, serán juzgados con una pena de hasta 20 años de cárcel, por el delito de prevaricato, así lo informó este lunes el ministro de Justicia, Iván Lima.
La detención domiciliaria u otro dictamen que beneficie a los sentenciados de los delitos mencionados, serán pasibles a una investigación penal como ahora lo dispone la nueva Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio, y Violaciones de Infante, Niña, Niño y Adolescente que fue promulgada por el presidente Luis Arce Catacora.
“Sancionar a los malos administradores de justicia y jueces. Esta ley va agravar la pena gracias a que el Tribunal Constitucional marcó una línea de no retorno. El juez que decida actuar en contra de esta ley de la Constitución va a merecer una pena de hasta 20 años de cárcel, son decisiones políticas para evitar a que la justicia favorezca con beneficios a quienes cometan delitos”, dijo Lima tras la promulgación de la normativa.
Además, la pena para los delitos de consorcios de jueces, fiscales y abogados se eleva de 5 a 10 años de cárcel.
“Cuando los fiscales, abogados, jueces, policías actúan en contra de las víctimas, beneficiando a los autores de los delitos. Esto no puede identificar”, acotó Lima.
Unitel
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