El presidente Luis Arce promulgará este lunes, 4 de julio la Ley de Endurecimiento de Penas en Casos de Feminicidio e Infanticidio. Esto en el marco del cumplimiento de la reforma judicial en el país y con el objetivo de atender a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Esta normativa es producto del trabajo que realizó la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio durante 120 días, para promover cambios estructurales y dar justicia a las víctimas de estos delitos y sancionar a los malos operadores de justicia.
“El presidente Arce, nos ha informado a los ministros que realizará la promulgación a las 9:00 de la mañana en la Casa Grande, de una ley, que es fundamental para darle una señal al país que el proceso de transformación de la justicia, tiene que tomar en cuenta a las víctimas de feminicidio, de violación de niña, niño y adolescente y de infanticidio”, indicó el ministro de Justicia, Iván Lima, en conferencia de prensa.
Con esta Ley “nunca más jueces por prevaricato o corrupción” liberarán a los delincuentes. En caso de incurrir en irregularidades, los administradores de justicia serán sancionados con 20 años de cárcel”, Aseveró Lima.
“El juez que vaya en contra de las víctimas, que no cumpla con su juramento de defensa de la Constitución Política del Estado y del pueblo boliviano, tendrá que saber que vamos a actuar con firmeza en estos casos; lo hemos hecho en el caso de Misael Nallar Viveros principal involucrado en el asesinato de dos policías y un voluntario del Gacip y los vamos a hacer en todos los casos en los cuales exista esta afectación a los derechos del pueblo boliviano”, recalcó la autoridad.
El ministro de Justicia señaló que las nuevas medidas, serán anunciadas hoy, lunes y se aplicarán en casos de feminicidio, infanticidio y violación niña, niño y adolescente porque este índice de delitos llegó a “niveles intolerables” y el Gobierno decidió actuar con firmeza para que este tipo de crímenes dejen de ocurrir en el país.
Se endurecerán las penas para casos de consorcios de autoridades jurisdiccionales, servidores públicos y otros profesionales, que, por ejemplo, liberen a sentenciados, concluyó Lima.
Agencias
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