Una menor de 13 años internada en cuidados intensivos del Hospital Japonés en estado crítico. Otra menor, esta de 15 años, ha sido derivada al Centro Nueva Vida Santa Cruz (Cenvicruz). El ataque sufrido por la primera de las menores ha abierto un debate intenso sobre la violencia escolar y la poca atención que se ofrece en los centros educativos.
Desde la Defensoría del Pueblo, a través de la Delegación Defensorial Departamental de Santa Cruz, se acompaña la investigación sobre el hecho de violencia escolar suscitado en una Unidad Educativa de Satélite Norte del Municipio de Warnes. Además, demanda a las autoridades competentes una atención integral del caso.
«Toda vez que la víctima (13 años) y la agresora (15 años) son menores de edad, tenemos que considerar todas las circunstancias que rodean el hecho, los actores como la familia, las(os) compañeras(os) de colegio, las autoridades educativas y la comunidad; en ese sentido, como Defensoría del Pueblo realizaremos el seguimiento respectivo, pero sin dejar de lado la labor de concienciación y de prevención», informó Sheila Gómez Santivañez, Delegada Defensorial Departamental de Santa Cruz.
Personal de la delegación defensorial departamental acudió al Hospital Japones donde se encuentra internada la adolescente agredida con un diagnóstico reservado y constató la atención médica que recibe por las heridas sufridas.
Del mismo modo, también acompañó a la menor agresora para que se respeten sus derechos y se cuide el debido derecho que le compete en su condición de menor de edad. “Hemos estado presentes en la audiencia cautelar de la adolescente acusada, para observar y garantizar el cumplimiento del debido proceso, la no revictimización y la adecuada calificación del delito”, informó Gómez.
Actualmente, la adolescente de 15 años cuenta con una imputación formal por el delito de asesinato en grado de tentativa, con detención de 45 días en el Centro Nueva Vida Santa Cruz (CENVICRUZ).
Gómez también hizo hincapié en que las instancias públicas que tienen que intervenir en este caso como fiscales, policías, DNA y los operadores de justicia deben realizar una atención integral con la debida diligencia y reserva del caso por tratarse de dos víctimas adolescentes.
EL DEBER
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