La defensa legal de los nueve comunarios de la comunidad Cahua Chico de Zongo que fueron enviados a la cárcel el fin de semana, denunció que fueron sometidos a tortura por los cooperativistas mineros y la Policía no hizo nada. Además, el fiscal negó que los sindicados sean valorados por un médico forense, bajo el argumento que los aprehendidos no pueden acceder a ese derecho.
El abogado de los comunarios, Richard Encinas, en contacto con la ANF, contó que tras conocer la situación sus clientes, solicitó al fiscal que sean valorados por un médico, pero este dispuso que sean revisados por los bomberos y luego se definiría si amerita una evaluación forense. En el momento de la revisión, los voluntarios confirmaron que necesitan atención médica porque presentaban laceraciones múltiples.
Luego de los conflictos que se registraron en esa región, los comunarios fueron sometidos a una audiencia cautelar donde el juez dispuso la detención preventiva por cuatro meses, en la cárcel de San Pedro. Fueron imputados por avasallamiento y tenencia de explosivos.
El jurista indicó que sus clientes fueron retenidos por los mineros a las 11:00 del viernes y llegaron 12 horas después a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz, dijo que ese tiempo fue aprovechado para que sean torturados.
En 2013, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la declaración constitucional 006/2013 que reconoce ese sector como Jurisdicción Indígena Originaria Campesina de Zongo y determinó que la resolución de expulsión del empresario es de «estricto cumplimiento». Pese a lo dispuesto por el TCP, hasta la fecha el empresario continúa trabajando en el lugar y persiste el amedrentamiento contra los indígenas.
ANF
Mira también
