El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó este viernes que el Ministerio Público inició una investigación por el delito de avasallamiento en contra de los presuntos responsables que ingresaron de manera violenta a la propiedad denominada Patujú, ubicada en el municipio de Montero, norte cruceño.
De acuerdo con el reporte oficial, los avasalladores habrían desalojado por la fuerza al propietario y a sus trabajadores, quienes fueron retenidos durante varias horas dentro del predio.
Zeballos indicó que, tras conocer la persistencia del hecho, se conformó una comisión de fiscales que se trasladó al lugar para verificar la situación y realizar las actuaciones correspondientes.
“Nos trasladamos inmediatamente a este municipio para continuar con los requerimientos fiscales y dar con los responsables de los avasallamientos. No se descarta ampliar la investigación conforme se colecten más elementos, como el informe médico forense de las víctimas”, señaló el fiscal departamental.
Predio
Asimismo, la Policía Boliviana desplegó 500 efectivos para desalojar a los avasalladores y retomar el control del predio Patujú.
El Ministerio Público ratificó que las investigaciones se mantendrán abiertas hasta identificar y sancionar a los autores de este hecho que generó alarma entre productores y asociaciones del sector en Santa Cruz, quienes ya se declararon en estado de emergencia frente a la ola de avasallamientos.
Roberto Ríos, ministro de Gobierno, dio a conocer que las personas que fueron retenidas contra su voluntad fueron liberadas por el contingente policial. De acuerdo con la autoridad, se tienen siete personas aprehendidas y dos motocicletas decomisadas.
Gobierno
Sin embargo, de acuerdo con las acusaciones, los avasalladores eran un grupo de entre 100 y 200 personas armadas con palos. Por ello, Ríos adelantó que la Policía continuará con los patrullajes para dar con todos los autores materiales del delito. Hasta el momento, se identificaron a 10 de los cabecillas de ese grupo.
De acuerdo con la autoridad, no se registraron armas de fuego, pero sí petardos y machetes.
Desde los sectores productores piden al Gobierno brindar seguridad jurídica y dar con los cabecillas de los avasalladores para establecer una sanación ejemplificadora.
La Razón
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