Ahoradigital – El fiscal general interino del Estado, José Armando Urioste Viera, expresó su preocupación por las amenazas atribuidas a organizaciones criminales contra autoridades del Gobierno, luego del hallazgo de un hombre asesinado en inmediaciones del Cordón Ecológico de Santa Cruz, cuyo cuerpo tenía un mensaje intimidatorio dirigido al viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado.
“Es algo preocupante que organizaciones criminales estén amenazando a las autoridades bolivianas”, manifestó Urioste al referirse al caso, que actualmente se encuentra bajo investigación del Ministerio Público.
El mensaje encontrado junto al cadáver advertía directamente a Maldonado: “Peter Maldonado, ya se cumplió el plazo y de acá para adelante los muertos van a ser cargo de tu conciencia”.
La advertencia fue considerada por la Policía como una amenaza directa contra el viceministro y estaría relacionada con los operativos desplegados contra estructuras del narcotráfico y el crimen organizado que operan en el país.
FISCALÍA SOSPECHA DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Consultado sobre quiénes estarían detrás de las intimidaciones, Urioste señaló que los primeros indicios apuntan a una estructura delictiva.
“Al parecer es una organización criminal, nos encontramos en proceso de investigación”, sostuvo.
El fiscal general aseguró que existen avances en las pesquisas y anunció que se realizarán todos los actos investigativos necesarios, incluida la posibilidad de convocar a declarar al viceministro Maldonado.
Asimismo, indicó que espera que en las próximas horas o días se conozcan nuevos detalles sobre el caso, aunque evitó revelar información que pueda afectar las investigaciones.
LA POLICÍA ALERTA SOBRE ESTRUCTURAS CRIMINALES ACTIVAS
Por su parte, el comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, vinculó las amenazas con los operativos contra organizaciones criminales transnacionales y aseguró que estas estructuras estarían reaccionando porque sus intereses económicos se encuentran afectados.
La autoridad informó que una facción criminal todavía mantiene presencia en Santa Cruz, Beni y el trópico de Cochabamba.
Además, reportó la expulsión de 65 cabecillas vinculados al Primer Comando de la Capital (PCC), el Comando Vermelho y otras organizaciones criminales.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado y garantizar la seguridad de las autoridades, los efectivos policiales y la población civil.
Las investigaciones deberán establecer quiénes ejecutaron el asesinato, quiénes dejaron el mensaje y si ambos hechos forman parte de una operación de intimidación contra el Gobierno.
Ahoradigital con información de El Deber y Red Uno.
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