Pese a que por ellos fue declarado un estado de cosas inconstitucional, los niños de la comunidad étnica wayúu todavía son víctimas de la vulneración de sus derechos y el abandono del Estado. En la noche de este sábado 3 de diciembre fue reportada la muerte de una niña de apenas un año por causas asociadas a la desnutrición en la comunidad de Siapana, municipio de Uribia, departamento de La Guajira. Desde la Organización de Estados Americanos (OEA) han señalado la vulnerabilidad de esta población pese a las providencias judiciales.
La denuncia fue difundida a través de las redes sociales de la Asociación Shipia Wayúu, que trabaja para que se cumplan las providencias de la Corte Constitucional de Colombia dedicadas al bienestar de esta comunidad. Señalaron, además, que la menor era hermana de un niño que murió por las mismas causas la semana anterior.
“Las #NiñasWayuu beneficiarias de las #MedidasCautelaresMC5115 mueren cada semana bajo la mirada indolente del Estado colombiano. Hoy falleció por causas asociadas a la desnutrición niña de un año de edad, hermano de la niña también murió por la misma causa hace una semana”, escribió la asociación a través de su cuenta de Twitter.
La muerte del menor fallecido en la misma familia fue reportada el pasado miércoles 23 de noviembre. “Muere otro #NiñoWayuu por causas asociadas a la desnutrición en territorio de Bahía Honda – Uribia. La Corte Constitucional ordenó un plan Provisional urgente y aún así los niños se siguen muriendo por las mismas causas totalmente prevenibles”, anotó la misma entidad. Un día después, otro menor wayúu murió en el municipio de Riohacha.
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Derechos no garantizados
Cabe destacar que el equipo de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió este 30 de noviembre sus hallazgos más recientes sobre el cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional para la comunidad wayúu de La Guajira, que corresponde al 48 % de la población del departamento.
Los observadores anotaron que hay un riesgo especial para la garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, madres lactantes y personas mayores de la comunidad; precisamente, las personas más vulnerables y sujetos de la protección de las medidas cautelares. Esa realidad se cristaliza en la muerte prevenible por desnutrición y causas asociadas, así como situaciones de mendicidad y de calle. Recibieron denuncias al respecto en todo el departamento, pero ellos lo evidenciaron en Riohacha, Uribia, Manaure, Albania y Maicao.
Según la Redesca, la situación es generalizada debido a la “falta de acceso a derechos humanos básicos producto de la pobreza, la desigualdad y la discriminación estructural, la cual se ve agravada por hechos de corrupción y falta de articulación institucional”.
Con respecto a los programas que ya existen, la Redesca ha mencionado que no son generalizados para toda la población ni sostenibles en el tiempo. Además, su diseño no ha involucrado la participación de su público objetivo, la comunidad wayúu; de hecho, observaron que el pueblo no ha sido censado y no hay certeza de cuántas personas necesitarían apoyo.
“Aquel escenario se vuelve aún más complejo al considerar las serias denuncias de corrupción y escasa transparencia, junto a la falta de continuidad de políticas públicas producto de cambios de gobiernos y de la renovación reiterada de las autoridades locales (a modo de ejemplo, 15 gobernadores distintos desde 2011)”, resalta el informe.
Infobae
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