La fiscal Faridy Arnez informó el miércoles que el abogado Jhazmani Torrico, sindicado por torturar a litigantes en la ciudad de Cochabamba, involucró al menos a 57 servidores públicos del Órgano Judicial y el Ministerio Público, entre otras personas, en el proceso penal que se le sigue por la formación de un consorcio de jueces, fiscales y policías.
«Estamos hablando aproximadamente de 57 personas, entre ellos estamos hablando de servidores públicos dependientes del Órgano Judicial y del Ministerio Público», dijo a los periodistas, aunque no precisó los nombres de los sindicados.
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Según Arnez, el jurista sindicó a los supuestos implicados durante una declaración informativa ampliada que brindó en el proceso que se investiga en reserva.
Pese a ello, la fiscal mencionó que Torrico no presentó aún pruebas «fehacientes» como audios o videos sobre las sindicaciones efectuadas en contra de sus presuntos cómplices, aunque se comprometió a entregarlas de manera inmediata.
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«Él mismo habría solicitado abrir los soportes digitales que aún tenemos bajo secuestro. Sin embargo, el imputado sin ningún motivo real y que esté justificado ha solicitado la suspensión de ese acto», dijo.
Acotó que el Ministerio Público verificará la veracidad de la información proporcionada por el abogado y analizará si solicitará que los sindicados presten su declaración informativa las siguientes semanas.
«Nosotros no podemos difundir los nombres de estas personas porque no se olviden que rige el principio de presunción de inocencia», acotó.
La fiscal manifestó que Torrico fue llevado a la cárcel de Chonchocoro del departamento de La Paz, para que continúe con la detención preventiva fijada en su contra.
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Agregó que él determinó someterse a la amputación de su pierna derecha como parte de una «decisión personal».
ABI
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