La Fiscalía dictó el sobreseimiento en favor de la diputada masista Deisy Judith Choque Arnez, y de Sergio Veizaga Arteaga, hermano de la viceministra de Deportes, quienes eran investigados por la muerte de los cívicos Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra en los conflictos que se dieron tras las fallidas elecciones generales de octubre de 2019, informó UNITEL.
Las familias de los cívicos cruceños todavía no encuentran justicia a casi cuatro años de lo ocurrido aquel 30 de octubre de 2019, cuando ambos hombres perdieron la vida en un enfrentamiento registrado en el municipio de Montero, en medio de revueltas que se dieron en el barrio Cofadena.
Tanto Salvatierra como Terrazas murieron por impactos de bala y en diferentes ocasiones las familias de ambas víctimas denunciaron retraso judicial en el caso y advirtieron que los acusados presentaban recursos para evitar ser juzgados.
En este sentido, la defensa, el abogado Martín Camacho, y las familias afectadas pidieron al fiscal de distrito, Roger Mariaca, revocar esta resolución entendiendo que existen elementos suficientes para continuar el juicio contra la disputada e incluso llegar a una sentencia condenatoria.
“El fiscal actuó bajo influencia de la diputada que, utilizando el cargo que ostenta, ha presionado al fiscal de materia para que presente este requerimiento que la excluye definitivamente del proceso”, sostuvo el jurista, advirtiendo que esta determinación busca dejar en la impunidad el caso.
Si bien el acusado Veizaga nunca estuvo detenido por esta situación, quien sí estuvo con reclusión en Palmasola la diputada Choque, que en ese entonces aún no ocupaba el cargo de parlamentaria en la Asmablea Legislativa y actualmente es parte activa de la denominada ‘ala arcista’ del masismo.
Choque logró salir de la cárcel en 2020, pese a ser señalada como la autora intelectual de la muerte de los cívicos durante los enfrentamientos en Montero. Fue acusada por los delitos de homicidio, organización criminal e instigación pública a delinquir.
No obstante, la ahora diputada señaló una vez fuera de la cárcel que fue involucrada como “ofrenda” para satisfacer a la oposición y con la reciente determinación todavía no emitió ningún criterio.
Salvatierra era mototaxista y era un aficionado al fútbol, tenía tres hijos y una nieta. Mientras que Marcelo Terrazas tenía dos hijos, era abogado, entrenador de artes marciales y estaba comprometido con las luchas cívicas, que en aquella ocasión protestaba ante los indicios de fraude que se dieron en las fallidas elecciones de ese año. Sus familias aún esperan justicia.
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