Ahoradigital – La Fiscalía sostiene que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset habría pagado hasta US$500.000 mensuales a una estructura de protección vinculada a altas esferas del Estado boliviano, a cambio de recibir información anticipada sobre operativos y evitar su captura.
El señalamiento está contenido en la imputación formal presentada contra el exfiscal general del Estado Roger Mariaca y otros investigados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas.
Según el documento fiscal, los pagos eran considerados un supuesto “alquiler de protección” y habrían involucrado, entre 2023 y 2024, al entonces Ministerio de Gobierno, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y posteriormente la Fiscalía General del Estado.
La investigación sostiene que este esquema habría permitido que Marset recibiera información sobre operativos policiales en su contra. La Fiscalía relaciona esta hipótesis con el operativo del 29 de julio de 2023, cuando el narcotraficante logró escapar de un despliegue realizado en Santa Cruz.
Uno de los elementos mencionados por la Fiscalía es una entrevista realizada a Marset el pasado 13 de marzo en el aeropuerto Viru Viru, antes de su entrega a autoridades estadounidenses. En ese material, según la imputación, Marset afirmó que Mariaca era su amigo y aseguró que le pagaba US$500.000 para conocer si se realizarían operativos para capturarlo.
Además, el documento señala que el mayor de Policía Rubén Aparicio habría servido como enlace para que Marset tuviera contacto con el entonces ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, a quien también se menciona dentro de la hipótesis investigativa.
La Fiscalía afirma que sus conclusiones preliminares fueron construidas a partir de entrevistas, declaraciones, diagramas de vínculos, videos y un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
En el proceso también están involucrados el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; el fiscal superior Martín Irusta; y el mayor Rubén Aparicio. La Fiscalía atribuye a cada uno distintos niveles de participación dentro de la presunta estructura de protección.
Los cuatro fueron enviados a detención preventiva mientras avanza la investigación. Mariaca, además, recibió una segunda detención preventiva por un proceso relacionado con presunta legitimación de ganancias ilícitas.
Por ahora, los señalamientos forman parte de la hipótesis de la Fiscalía y deberán ser sometidos a investigación y valoración judicial. Los acusados mantienen su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.
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