Ahoradigital – Uno de los cuatro hombres enviados a prisión preventiva por el caso del dinero encontrado en una ambulancia que salió del domicilio del exfiscal general Róger Mariaca era funcionario judicial y, según la investigación de la FELCN, sobrino de la exautoridad.
Se trata de Caloyelo Said Flores Limón, quien se desempeñaba como oficial de diligencias del Juzgado Sexto de Partido en Materia Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
De acuerdo con la investigación citada por EL DEBER, Flores Limón tenía en su poder un expediente correspondiente a una causa civil particular. Los investigadores sostienen que ese documento, junto con el dinero, habría salido del domicilio de Mariaca.
El caso se remonta al jueves 1 de octubre, cuando la Policía interceptó una ambulancia en la avenida Virgen de Cotoca, en Santa Cruz. En el vehículo fueron encontrados Bs 3.532.100 y 10.000 dólares, distribuidos en tres bolsones. Según el reporte policial, el dinero iba a ser entregado a una mujer.
La presencia de un funcionario judicial entre los ocupantes de la ambulancia abrió además una nueva línea de investigación: establecer por qué un expediente de materia civil se encontraba en el domicilio de Mariaca y terminó siendo trasladado junto con una importante cantidad de dinero.
Flores Limón y los otros aprehendidos fueron trasladados a La Paz y posteriormente un juez dispuso seis meses de detención preventiva para los involucrados, en distintos centros penitenciarios. El sobrino de Mariaca fue enviado al penal de Calahuma.
El hallazgo de la ambulancia derivó en un segundo proceso contra Mariaca por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas. La Justicia también determinó su detención preventiva por seis meses en el penal de Cantumarca, en Potosí.
Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan determinar el origen del dinero, su destino y la relación que tendría con Mariaca y las demás personas involucradas. Hasta el momento, esos extremos forman parte de la investigación y deberán ser establecidos por la Fiscalía y la Justicia.
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