El 22 de febrero del 2018, el Ministerio Público presentó una acusación formal contra los involucrados, entre los acusados que serán sometidos a juicio oral cuentan dos exfuncionarios de la alcaldía de La Paz, Jaime M. y Miguel N.C., quienes alertaban a Marco Cámara de los operativos que se realizaban.
También está acusado el coronel Freddy Beyer, quien ejercía el cargo público como responsable de la Unidad Policial de Apoyo y Control Migratorio (Upacom), que goza de libertad sin ninguna medida precautoria. Además de dos policías que eran guardias privados de Cámara y extrabajadores del club nocturno que fue demolido en octubre del 2016.
El resto se encuentra recluido en diferentes centros penitenciarios de La Paz y Santa Cruz. Los delitos que pesan contra estas personas es trata y tráfico de personas y otros, en grado de autoría y complicidad.
SUSPENSIÓN
Ayer debió realizarse la audiencia de inicio de juicio oral de este caso, empero se suspendió para el 11 de febrero, debido a que no estaban presentes los policías recluidos en Palmasola, además que el juzgado de turno no remitió los antecedentes del proceso.
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Al respecto, Paola Barriga, abogada defensora de Noemí Cámara, hija del principal implicado, indicó que solicitarán a la autoridad jurisdiccional el traslado de ambos sindicados.
“Nosotros estamos buscando la pena máxima por el delito de trata y tráfico de personas que es de 20 años. Es uno de los casos que se ha podido develar por primera vez los ilícitos de trata y tráfico de personas desde el interior de un centro nocturno”, dijo la abogada de Noemí Cámara.
Sin embargo, Fernando Mealla, abogado del acusado, manifestó que en las audiencias demostrarán que su cliente es inocente de esta acusación y que todo el caso fue montado por su hija para quedarse con sus bienes.
Al respecto, Noemí negó estas aseveraciones y aseguró que las mujeres que trabajaban en ese centro nocturno eran víctimas de su padre, porque no las dejaban salir y les quitaban sus documentos y en algunos casos, hacían desaparecer los pasaportes de las ciudadanas extranjeras.
“Claramente se puede evidenciar que sus bienes están siendo incautados por un proceso al margen de este, existe una denuncia por el delito de legitimación de ganancias ilícitas que está llevando el Ministerio Público”, señaló.
PROCESO
Por otra parte, Cámara denunció que dos de sus inmuebles en la ciudad de Santa Cruz fueron desmantelados debido a la falta de resguardo policial, a pesar de que estaba a cargo del Ministerio Público. Además remarcó que el proceso está viciado de varias irregularidades desde la etapa preparatoria que estaba a cargo de las exfiscales Karina Cuba y Mónica de la Riva, contra quienes presentarán una demanda penal en la Fiscalía General del Estado.
“La acusación del Ministerio Público no tiene fundamento y es tan fácil de desvirtuar, si dicen que he traficado con mujeres, ¿por qué no hay ninguna de ellas que estén presentes en el juicio?”, cuestionó el sindicado.
CONFLICTO
Cámara aseguró que este conflicto derivó por las aspiraciones que tiene su hija, de quedarse con todos sus inmuebles y dejarlo en la calle. Dijo que el único delito que cometió es engendrar un monstruo como hija.
“Yo cometí el delito de engendrar un monstruo como mi hija, ese es mi delito. Ella quiere quedarse con mis bienes y es por eso que inició este proceso en mi contra”, puntualizó el acusado.
Al respecto, Noemí la principal demandante de este proceso, dijo que no pretende quedarse con el patrimonio de su padre, lo que la impulsó a procesarlo son los constantes delitos que cometía por la retención de mujeres para que trabajen en sus centros nocturnos de la capital cruceña y la sede de Gobierno.
El Diario / La Paz
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