Las autoridades bolivianas investigan una red de caza de animales silvestres comandada desde Argentina que ofrecía expediciones en Brasil y Paraguay para aficionados a esa práctica, principalmente españoles y estadounidenses, con tarifas que podían costar hasta 50.000 dólares por un ejemplar de jaguar.
La voz de alerta en Bolivia la dio el guardaparque Marcos Uzquiano, a raíz de su participación en un evento internacional en Brasil y que derivó en que, a mediados de diciembre, él junto al abogado ambientalista Rodrigo Herrera y la agrupación animalista ‘Llanto del Jaguar’ presenten una denuncia penal .
Uzquiano dijo a EFE que muchos de los participantes en esas expediciones llegaban a pagar «entre 10.000 dólares hasta 50.000 dólares por espécimen de jaguar», para ya muertos someterlos a técnicas de taxidermia o disecado.
El punto de origen fue una investigación en Argentina que reveló los nexos de Jorge Néstor Noya, propietario de la empresa ‘Caza & Safaris Argentina’, quien se dedicaba a la oferta de circuitos y expediciones para cazar animales silvestres.
El caso fue investigado por la revista boliviana Nómadas, que informó que actualmente Noya guarda detención domiciliaria en Buenos Aires acusado por provisión ilegal de armas, asociación ilícita y depredación de fauna silvestre, por el negocio que realizó desde la década 1980 y que incluso se amplió hasta algunos países africanos.
Uzquiano explicó que la denuncia penal en Bolivia es por biocidio, con una pena de hasta 10 años de prisión si es contra animales silvestres en áreas protegidas, que espera sirva «para visibilizar el tema» y que llamar la atención de las autoridades locales.
Este guardaparque viene de ganar una batalla legal después de que el destituido director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) Johnson Jiménez ordenó su despido, por lo que Uzquiano presentó un recurso ante la Justicia con el que logró su reincorporación.
«Cazaban lo que querían»
El abogado Rodrigo Herrera, quien dirige la Asociación Legal Justicia Ambiental en Bolivia, relató a EFE que Noya ofrecía en internet el servicio de cacería, pero que «dentro de los círculos de cazadores ilegales» se sabía que habían paquetes de caza de jaguares.
La oferta en Bolivia se hacía dentro del Área Natural de Manejo Integrado San Matías, una zona protegida situada en el departamento de Santa Cruz (este), en la frontera con Brasil.
«Tenemos las confirmaciones sobre el récord migratorio de Noya, que se ha desplazado a Bolivia en 25 oportunidades. Utilizaba avionetas pequeñas para desplazarse desde Brasil y Argentina hasta Bolivia para no cumplir con las normas migratorias», explicó Herrera.
Inclusive el dueño de ‘Caza & Safaris Argentina’ contaba con «operarios» bolivianos con los que aprovisionaba a sus clientes mayormente españoles y estadounidenses con «material de caza, armas, municiones y todo lo que se necesitaba», agregó.
Herrera afirmó que se trata de «un caso grotesco» y que se tiene certeza que también involucra a personas de «importancia económica y política» en Bolivia, cuyos nombres evitó mencionar.
Por su parte, Uzquiano mencionó que «no solamente venían a cazar jaguares, sino que se daba a entender que podían tener todo lo que ellos querían, no solo jaguares, monos. Cada animal tenía su precio», apuntó.
El tarifario incluía felinos como tigrillos y pumas, caimanes, anacondas, ciervos, tapires y cerdos de monte, entre otras especies que suelen poblar la selva amazónica y el chaco boliviano.
Los denunciantes coincidieron en que no se puede establecer un número exacto de animales o de especies afectadas, aunque durante las acciones de investigación en Argentina se incautaron casi 8.000 piezas de taxidermia.
Además, indicaron que el proceso penal en Bolivia se va a exigir «la sanción para todas las personas» que participaron y colaboraron con Noya y ‘Caza & Safaris Argentina’ además de pedir su extradición.
EFE
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