El procurador general del Estado, Ricardo Condori, informó este domingo que el Gobierno exigirá la reparación de daño económico por más de $us 2 millones en el caso Gases Lacrimógenos.
Explicó que este monto corresponde a un sobreprecio detectado en el proceso de compra irregular de gases lacrimógenos durante la gestión del exministro de Gobierno Arturo Murillo.
Condori señaló que, una vez ejecutoriada la sentencia, el Estado presentará formalmente la demanda de reparación civil para recuperar los recursos afectados por la operación irregular.
Caso Gases Lacrimógenos
“Solo en el caso Brasil, el daño económico es de más de 2 millones de dólares, detectado por la Contraloría en un proceso con sobreprecio”, afirmó en entrevista con Bolivia Tv.
En mayo de 2020 se conoció la compra con sobreprecio de $us 2,3 millones de material antidisturbios a través de la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS). Entonces, Bolivia pagó $us 5,6 millones por el lote.
El sábado, un juez de La Paz determinó la detención preventiva de Murillo en el penal de San Pedro, en el marco de los actuados del caso.
El procurador indicó que la medida fue dictada por riesgos procesales y recordó que Murillo ya recibió una condena de ocho años de cárcel por el caso Gases Lacrimógenos.
Arturo Murillo
Agregó que el caso gases Ecuador continúa en investigación y que aún se cuantifica el daño económico ocasionado al Estado en ese proceso irregular.
Por este caso, la audiencia de medidas cautelares se realizará de manera virtual el lunes a las 14.00.
Murillo también fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión por este segundo caso, donde se acreditaron delitos vinculados al préstamo ilegal de armamento desde Ecuador, cuando Murillo era ministro de Gobierno en la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020).
Condori sostuvo que actualmente pesan seis procesos contra el exministro, entre ellos los relacionados con las masacres de Sacaba y Senkata ocurridas en noviembre de 2019.
Investigación
Indicó que además existen procesos impulsados por otras entidades estatales y personas particulares, lo que amplía el alcance de las responsabilidades judiciales contra Murillo.
En enero de 2023, Murillo fue sentenciado en Estados Unidos a 70 meses de prisión por participar en un esquema de lavado de dinero y sobornos con fondos, aparentemente, del sobreprecio.
El caso demostró que ayudó a una empresa estadounidense a conseguir un contrato de provisión de gases lacrimógenos a cambio de recibir beneficios ilegales.
Sentencia
La pena en ese país fue reducida por buena conducta y recientemente un juez de migración dispuso su deportación inmediata tras cumplir la condena en territorio estadounidense.
El pasado jueves, Murillo llegó a Bolivia deportado desde Estados Unidos y fue trasladado desde Santa Cruz hasta La Paz bajo fuerte resguardo policial.
El Gobierno recalcó que hará seguimiento a todos los procesos en curso y que buscará garantizar la recuperación de los daños económicos generados por el exministro.
La Razón
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