La investigación por el desfalco de recursos del ex Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc) sumó este lunes un nuevo capítulo con la aprehensión de la exdirectora Elvira Parra.
La exfuncionaria calificó de injusta su captura y apuntó directamente contra tres exautoridades vinculadas al manejo de los recursos del programa estatal.
Tras su aprehensión, Parra señaló que varias decisiones sobre proyectos y desembolsos fueron aprobadas por un grupo de exautoridades del Fondo Indígena. En sus declaraciones, mencionó a Nemesia Achacollo, Lidia Patty y Felipa Huanca.
“Ella (Lidia Patty) ha solicitado, nadie le ha obligado. Doña Nemesia también aprobó y autorizó. Eran equipo doña Nemesia, doña Lidia y doña Felipa”, afirmó Parra.
La exdirectora sostuvo que las tres tenían conocimiento de los proyectos aprobados y de los recursos asignados desde el Fondo Indígena.
Parra también cuestionó el rol de Patty en la ejecución de proyectos financiados por la institución.
Según dijo, la exlegisladora debería explicar el destino de los recursos económicos que fueron desembolsados en su favor.
La exdiputada Patty cumple actualmente detención preventiva por procesos vinculados con el manejo de recursos del Fondo Indígena. La investigación señala que recibió cerca de Bs 700.000 para ejecutar un proyecto productivo destinado al cultivo de tomate y papa.
Por este caso, Patty permanece recluida desde 2025 en el penal de Centro de Orientación Femenina de Obrajes, mientras avanzan las investigaciones.
Las autoridades buscan determinar si los recursos fueron utilizados conforme a los objetivos establecidos en el proyecto.
El proceso judicial incluye, además, un segundo caso que también involucra a la exdiputada.
En esta investigación se le atribuye la recepción de aproximadamente Bs 650.000 para financiar un proyecto de producción de miel.
Por el caso del ex Fondo Indígena, el presidente Luis Arce también fue aprehendido y cumple con detención preventiva desde el 10 de diciembre de 2025.
Las pesquisas continúan para establecer responsabilidades en uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados a programas de desarrollo indígena en Bolivia.
La Fiscalía analiza documentación y declaraciones para determinar el destino final de los recursos desembolsados.
Fuente: La Razón
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