A un año y 10 días del asesinato de Juan Claure S., de 69 años, y su esposa Rufina Justina Ayala C., de 68, ocurrido en su hacienda de Vinto Chico, Valle Bajo de Cochabamba, el caso sigue envuelto en sombras. Recientemente denunciaron la manipulación de los celulares, cuyo contenido podría ser clave para esclarecer el caso. Esta situación pone bajo la lupa la actuación de los investigadores y profundiza el misterio que rodea el doble crimen.
El 28 de junio de 2024, poco antes de la medianoche, mataron a Juan y Rufina en su habitación dentro de la hacienda. Eran empresarios prominentes en Cochabamba, fundadores hace dos décadas de una empresa dedicada a la producción y comercialización de papel higiénico. Eran padres de cuatro hijos: Juan Carlos, Nancy, Carminia y Richard.
La investigación del doble crimen apuntó al hijo mayor, Juan Carlos, y a su amigo Jorge M.G.R., quienes fueron arrestados el 1 de julio por presunto parricidio y encubrimiento, mientras velaban a las víctimas. Esa noche, Nelo Fernando A.M., exjefe de ventas de la empresa Claure durante más de una década, murió en un extraño accidente de tránsito. Las cámaras de vigilancia captaron cómo cruzó abruptamente la avenida justo cuando un camión se acercaba, y lo atropellaron. El proceso siguió. El 3 de julio, Juan Carlos y su amigo comparecieron ante un juez cautelar de Sipe Sipe. Entre las pruebas, destacó una grabación entregada por Richard, el hijo menor, en la que, según el cuaderno de investigaciones, Nelo Fernando acusa a Juan Carlos y a su amigo de planear el doble asesinato, e incluso menciona la contratación de sicarios. Además, relaciona el crimen con “malos manejos económicos” que estaban por descubrirse, pues Juan Claure, padre, había ordenado una auditoría. Ambos quedaron detenidos preventivamente en el penal de San Sebastián Varones, pero al mes lograron su detención domiciliaria.
Meses después, en noviembre del año pasado, se dieron a conocer los resultados de una pericia de genética forense realizada en diferentes áreas de la hacienda y en vehículos relacionados. La prueba identificó tres perfiles genéticos: los de las víctimas y uno perteneciente a un tercero, Nelo Fernando. Frente a este hallazgo, la familia del exjefe de ventas declaró en una entrevista con OPINIÓN que están convencidos de que él no fue el autor material ni intelectual del crimen. Sospechan que su decisión de arrojarse frente a un camión fue una reacción ante amenazas y un intento de proteger a sus seres queridos. Además, suponen que lo hirieron y usaron su sangre para “sembrar” pruebas en su contra.
Sin embargo, las hermanas Carminia y Nancy interpretan esa pericia como la confirmación de la identidad del autor del asesinato de sus padres. Ayer reafirmaron esa postura, defendiendo la inocencia de su hermano Juan Carlos, de Jorge y de varios trabajadores de la empresa que aún están bajo investigación. Según su abogado, Marcelo Rollano, hay nueve personas procesadas; solo el jardinero de la hacienda permanece bajo detención preventiva, mientras que el resto cumple medidas como detención domiciliaria u otras sanciones sustitutivas.
CELULARES: ¿SE MANIPULARON LAS PRUEBAS?
Ayer, Rollano, junto a las hermanas Carminia y Nancy, ofreció una conferencia de prensa y denunció un “montaje, manipulación y corrupción” en la investigación. Afirmó que terceras personas, en complicidad con los policías asignados al caso, manipularon los celulares secuestrados durante las pesquisas por el asesinato de los esposos Claure.
El abogado explicó que se secuestraron 22 celulares de imputados y testigos, incluidos los de Juan Carlos, Jorge y Nelo Fernando, los cuales estaban bajo “cadena de custodia”. Indicó que tres investigadores asignados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), con iniciales A.A.B.T., V.G.C.Ch. y A.S.A., recibieron los equipos el 11 de octubre de 2024 y los remitieron al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) el 26 de noviembre del mismo año, por lo que estuvieron en su poder por más de un mes.
Añadió que, durante ese periodo, varios celulares fueron encendidos y conectados a la red. Citó como ejemplo el teléfono de Juan Carlos, que se activó en varias ocasiones y apareció en línea el 27 de octubre. Esta irregularidad fue denunciada ante los fiscales el 13 de diciembre. Por su parte, los familiares de Fernando también mencionaron en una entrevista con este medio que su celular, que había sido secuestrado, fue encendido, ya que el 30 de octubre se salió de un grupo de WhatsApp.
Otro de los investigados, M.C., denunció ante la Fiscalía que una de las dos líneas de su celular, también secuestrado, se unió a Telegram el 3 de diciembre. El Ministerio Público no respondió a su denuncia y, hasta ese momento, solo contaban con esas irregularidades como indicios. Sin embargo, en junio de este año apareció un testigo.
TESTIMONIO QUE SACUDE EL CASO
Rollano informó que el 10 de junio de este año, un hombre presentó una declaración voluntaria notariada, en la que afirmó que el 27 de octubre de 2024 recibió una llamada de un funcionario de la FELCC, quien lo citó en un hotel de Cochabamba para un supuesto trabajo. Según el abogado, esta persona no es funcionario, pero la Policía suele convocarlo para realizar tareas de informática.
Según su declaración, al llegar al lugar encontró a cinco o seis personas reunidas en una sala del hotel. El contacto directo ocurrió con el policía A.A.B.T. y con un hombre de iniciales A.R.S., quien sería familiar político de los Claure y vinculado también a la familia de Nelo Fernando. Le explicaron que el trabajo consistía en la “revisión, extracción y modificación de información de celulares”. Sobre la mesa había 22 teléfonos. Él les informó que cobraba 800 dólares por equipo, que necesitaría una semana para procesarlos y que aceptaría el trabajo si le entregaban los dispositivos con su respectiva acta de cadena de custodia.
Afirmó que A.A.B.T. y A.R.S. se miraron, conversaron con un tercero y luego le pidieron que revisara con urgencia dos teléfonos iPhone. Al examinarlos, notó que ya habían sido manipulados y que emitían señales de geolocalización. Ambos admitieron esa situación y la atribuyeron a otra persona presente, que se identificó como ingeniero.
El informático insistió en que solo haría el trabajo en un laboratorio y con los celulares bajo cadena de custodia, pero ellos le propusieron hacerlo de inmediato. Al ver que conversaban entre ellos en privado, decidió retirarse. Al día siguiente, recibió un mensaje de A.R.S. con una ubicación, pero optó por no asistir. Declaró que en ese momento aún no comprendía la gravedad del caso, y que más tarde se enteró de que esos celulares eran pruebas clave en la investigación del asesinato de los esposos Claure.
¿UN POLICÍA ENTRE LOS TRES INVESTIGADOS?
Ante esta situación, Rollano indicó que el 16 de junio de este año, la Fiscalía de La Paz abrió una investigación contra tres personas: el policía asignado al caso, el familiar político de los Claure y el supuesto ingeniero, por el presunto delito de alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos. Al día siguiente, la Fiscalía amplió de oficio la causa y cambió la tipificación del delito a parricidio en grado de complicidad. El abogado añadió que el 18 de junio apartaron a los fiscales que llevaban el caso y, días después, al efectivo policial involucrado.
El jurista señaló que una prueba de la reunión en el hotel de Cochabamba es la información enviada por la administración a requerimiento fiscal, donde se confirma que el policía A.A.B.T. y otro efectivo se alojaron en el lugar. Además, el oficial pagó el alquiler de una sala ejecutiva para los días 26 y 27 de octubre de 2024.
El abogado también indicó que el subteniente A.A.B.T. fue designado investigador del caso en diciembre de 2024, pero un análisis de llamadas reveló que el 1 de julio de ese mismo año se comunicó por teléfono con Nelo Fernando. Agregó que el oficial fue citado a declarar en La Paz, donde se acogió a su derecho al silencio, al igual que A.R.S. En cambio, el supuesto ingeniero aún no fue localizado.
El abogado de las hermanas Claure concluyó que el móvil del asesinato de los esposos fue “económico” y que hoy existen “intereses” de personas que buscan ocultar toda la verdad e implicar a “inocentes”. Además, aseguró que el caso está viciado de nulidad debido a la contaminación de las pruebas.
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LA OTRA PARTE HABLA DE UNA COARTADA
Por su parte, Eduardo Mérida, abogado de Richard Claure, calificó las declaraciones de su colega y de las hermanas Claure como una “coartada”. Sostuvo que los únicos con acceso a los celulares son especialistas del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) y del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). A su juicio, el hijo mayor y su amigo contrataron sicarios para asesinar a los esposos.
Ante estas posturas encontradas, la investigación continúa en curso, con varios imputados, mientras las autoridades siguen trabajando para esclarecer los hechos y resolver el misterio que rodea el asesinato de los esposos Claure.
Fuente: Opinión
