El fiscal Junior Flores, informó que la trabajadora social identificada como Mary Consuelo, realizaba cobros de 1.000 hasta 2.000 bolivianos por presentar informes favorables a violadores y asesinos beneficiados con libertad.
Esta funcionaria pública fue aprehendida y se conoció que era parte del juzgado 1° de Ejecución Penal, donde operaba el exjuez Rafael Alcón.
“Cuando se hace la investigación a través de la comisión de fiscales se ha podido establecer que en su calidad de servidora pública, cobraba de mil a dos mil bolivianos por cada informe que emitía a favor de los privados de libertad, como ejemplo a Richard Choque y otros sentenciados”, informó el fiscal de la investigación.
Mediante la declaración de uno de los sentenciados que fue beneficiado con detención domiciliaria, se detectó esta otra irregularidad.
“De acuerdo a la declaración de uno de los privados de libertad que fue liberado, esta persona indica que la trabajadora social cobraba hasta dos mil bolivianos mensuales para que no emita informes de incumplimiento de las condiciones que puso el juez” explicó.
La trabajadora social será imputada y enviada a una audiencia de medias cautelares.
Además, el fiscal advirtió que aún existen otras ordenes de aprehensión para otros involucrados dentro de este caso de consorcio de abogados y jueces.
Unitel
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