La vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Rosmery Pabón, otorgó detención domiciliaria al exinterventor de Epsas, Bladimir Iraízos, procesado por un presunto daño económico de Bs 14,3 millones en el marco del caso Epsas en La Paz.
La resolución, emitida el 3 de marzo durante una audiencia de apelación, dejó sin efecto la determinación del juez Elmer Laura, del Juzgado 12 Anticorrupción, quien en febrero había dictado seis meses de detención preventiva al considerar que existían riesgos de fuga e indicios de responsabilidad.
Medidas sustitutivas y restricciones
En su fallo, la vocal Pabón dispuso que Iraízos cumpla detención domiciliaria y presente dos garantes solventes, quienes deberán asegurar su comparecencia ante la autoridad judicial.
Además, se le prohibió tomar contacto con testigos y acercarse a oficinas de Epsas.
El juez Laura había argumentado riesgo de fuga, señalando que la Fiscalía ejecutó una orden de aprehensión el 12 de febrero debido a inasistencias injustificadas del imputado. Sin embargo, este punto no fue considerado en la resolución de la vocal, según el documento revisado.
Antecedentes
El caso Epsas en La Paz se remonta a junio de 2021, durante la gestión de Iraízos, a raíz de presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato con la empresa peruana La Llave S.A.
El acuerdo contemplaba la compra de 3.024 tuberías de acero, que fueron entregadas dos años después sin cumplir las especificaciones técnicas, particularmente en el recubrimiento interno necesario para transportar agua potable sin contaminación.
Otros implicados en la investigación
En el mismo proceso están investigados otros dos exinterventores de Epsas, Jaime Gutiérrez y Alfredo Ayala, quienes ocuparon el cargo entre 2021 y 2024.
También figura como sindicada la ciudadana peruana Ana Rosa Pimentel, quien firmó el contrato en representación de la empresa proveedora.
Cuestionamientos al fallo judicial
El consultor en agua y saneamiento, José María Herbas, cuestionó la decisión de otorgar detención domiciliaria, al considerar que evidencia debilidades en el control del proceso.
“No quisiéramos pensar que existe parcialización de las autoridades que administran justicia y favoritismo por no defender los intereses del ciudadano”, señaló.
Herbas también afirmó que Iraízos no asistió a convocatorias en otros procesos vinculados a la contratación irregular de personal en Epsas.
El Deber
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