La Coordinadora Regional de la Defensoría del Pueblo, María Janet Paredes refirió que el municipio de Villa Montes realizan seguimiento a una niña de 11 años que víctima de violación presenta un embarazo de siete semanas, iniciaron gestiones para la respectiva interrupción legal.
“Al tomar conocimiento de un hecho de violencia sexual realizó las gestiones de coordinación, tomamos contacto con la Defensoría de la Niñez, al tener una consecuencia de violación, con el hospital Básico se realizan las evaluaciones de parte de los ginecólogos para el ILE, con ambas instancias estamos a la espera de los exámenes”, explicó.
Paredes aseguró que el miércoles el sindicado tras audiencia cautelar fue remitido a la carceleta con detención preventiva por el plazo de seis meses. El hecho se registró en una comunidad del área rural de Villa Montes.
La menor recibirá terapias psicológicas por los trauma derivados del acto del que fue víctima. “Se hará el seguimiento psicológico, que actualmente se lleva, y posterior a la interrupción del embarazo”, agregó.
Yacuiba
Los casos de violencia vuelven a incrementarse en la primera semana de julio, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia reportó ocho nuevos hechos, tres de violencia física, 3 por violencia psicológica y otros por agresión sexual
La directora de la Felcv, Alejandra Rojas, precisó que en la mayoría de los casos, los agresores se encontraban bajo efectos del alcohol, pese a las prohibiciones que rigen en la cuarentena.
El caso
La Fiscal Departamental de Tarija, Carla Oller Molina, informó el jueves el que Juzgado 1° de Instrucción Cautelar Penal, dispuso detención preventiva para Never C.G., de 44 años de edad, por el delito de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente que se presume habría cometido en contra de una niña de 11 años de edad, quien quedó embarazada. La medida deberá ser cumplida en la Cárcel Pública de Villa Montes.
“En el desarrollo de la audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público presentó las pruebas que demostraron la probabilidad de autoría del imputado como el certificado médico, prueba de ecografía y entrevista informativa de la víctima, acta de declaración informativa del imputado, entrevista a testigos, además de la existencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización, que fueron valorados por la autoridad jurisdiccional que dispuso su detención preventiva”, dijo Oller.
Según los antecedentes, el 5 de julio del presente año la niña que vive con su abuelo materno presentó dolores de estómago, nauseas y vómitos, por lo que fue llevada al médico que le tomó una ecografía que reveló que tiene un mes de embarazo, en ese momento la víctima confesó que su padrastro abuso de ella en tres oportunidades.
De acuerdo a las investigaciones, en varias oportunidades la menor fue a visitar a su madre que vive con su padrastro en una comunidad de la ciudad Villa Montes, donde el hombre aprovechó de llevar a la niña a una quebrada y cometer el ilícito, además que no habría sido la primera vez, estos hechos ya habrían ocurrido en dos oportunidades desde el 2019.
Laguna jurídica
Antes, el artículo 266 del Código Penal determinaba que cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna, siempre que la acción penal hubiere sido iniciada.
Punto seguido preveía que tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no podía ser evitado por otros medios, pero señalaba que, en ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico, con autorización judicial. Ahora, la norma suprema corrigió dicho artículo indicando que no será exigible la presentación de una querella, ni la existencia de imputación y acusación formal y menos sentencia para proceder a la petición del aborto.
En Bolivia, 19,5% de las niñas madres menores de 15 años están en uniones forzadas
Según una publicación de Página 7, realizada en marzo en Bolivia, el 19,5% de las niñas madres, menores de 15 años, viven en una convivencia conyugal (Encuesta de Hogares de 2017), la violencia es la causa principal. Según una investigación de Unfpa y Plan Internacional, Latinoamérica y el Caribe es la única región en el mundo que no ha bajado los índices de esta problemática.
“Hay una invisibilización y falta de respuesta de los gobiernos y sociedades, en su conjunto, sobre las uniones tempranas forzadas y los embarazos infantiles, problemáticas que traen consecuencias muy serias. El estudio regional señaló que la problemática es creciente y que es la única región del mundo donde los casos no han disminuido”, indicó la representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), Celia Taborga Velarde.
Los datos forman parte del estudio Niñas y adolescentes en matrimonios infantiles y uniones forzadas en municipios seleccionados de Bolivia. El documento fue presentado el pasado viernes y es parte de una investigación elaborada por Unfpa y Plan Internacional en Bolivia, Brasil, el Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.
En 2018, Página Siete realizó una investigación: Niñas esposas, bajo el velo de la pobreza y la violencia. Entonces ninguno de los ministerios involucrados contaba con datos. Hasta la fecha no hay cifras ni un informe oficial.
Mira también
El Censo Nacional de 2012 identificó 1.750 niñas de entre siete y 15 años de edad que -en relación con el jefe de familia- eran esposas, concubinas o convivientes. El dato de cuántas de ellas eran madres no fue incluido.
Siete y nueve años son las edades de las dos menores más pequeñas en una relación marital; ambos registros corresponden al departamento de Santa Cruz. Otro concubinato de una menor de 10 años se anotó en La Paz.
Sin embargo, las cifras no corresponden a las estimaciones porcentuales de los estudios de Unicef y el nuevo estudio de Unfpa y Plan Internacional. La cifra sería muy baja.
Tomado de El Andaluz
Comentarios