Ahoradigital – A más de 17 años del operativo en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, el caso vuelve al centro de la escena judicial. Víctimas del proceso presentaron una denuncia penal contra 153 personas, entre ellas exministros del gobierno de Evo Morales, exfiscales, excomandantes policiales y militares y otros funcionarios que, según los denunciantes, tuvieron participación en el operativo o en las investigaciones posteriores.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz por David Sejas Lopes, Alfredo Saucedo Ayala y Juan Carlos Guedes Bruno, quienes fueron procesados en el denominado caso terrorismo y permanecieron detenidos durante varios años. Los denunciantes sostienen que fueron víctimas de torturas, amenazas y vulneraciones a sus derechos durante el proceso.
Entre los denunciados aparecen nombres de alto perfil de los gobiernos del Movimiento al Socialismo, entre ellos el exvicepresidente David Choquehuanca, los exministros de la Presidencia Juan Ramón Quintana, de Gobierno Carlos Romero, Alfredo Rada y Sacha Llorenti, además de Marcos Farfán, exviceministro de Régimen Interior.
También figuran los exfiscales generales Mario Uribe, Ramiro Guerrero y Juan Lanchipa, además de Marcelo Sossa, quien estuvo a cargo de la acusación fiscal dentro del caso Hotel Las Américas. La lista incluye asimismo a exdiputados, exautoridades judiciales y miembros de unidades policiales que participaron en el operativo.
Los delitos denunciados
De acuerdo con la denuncia, los hechos atribuidos a los 153 involucrados incluyen asesinato, tentativa de homicidio, vejaciones y torturas, privación de libertad, lesiones gravísimas, graves y leves, resoluciones contrarias a la ley, amenazas, entre otros delitos.
La presentación judicial sostiene que las responsabilidades no deberían limitarse a quienes participaron directamente en el operativo, sino alcanzar también a quienes tuvieron participación en las decisiones, investigaciones y procesos judiciales posteriores.
Un caso que llegó a la CIDH
El trasfondo de la nueva denuncia se encuentra en el operativo ejecutado el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas de Santa Cruz.
Aquella madrugada, un grupo de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC) ingresó al hotel, donde se encontraban varias personas acusadas por el Gobierno de entonces de formar parte de una organización vinculada con un supuesto proyecto separatista.
Durante el operativo murieron Michael Dwyer, Eduardo Rózsa Flores y Árpád Magyarosi, mientras que Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos. Posteriormente también fueron procesados Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado boliviano era responsable por violaciones de derechos humanos relacionadas con el operativo. En 2024, la Comisión presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando violaciones vinculadas con la vida, integridad personal, libertad y garantías judiciales.
La CIDH también sostuvo que las personas detenidas sufrieron torturas y que sus detenciones fueron ilegales y arbitrarias, además de cuestionar las garantías judiciales dentro del proceso penal posterior.
Las víctimas buscan responsabilidades
David Sejas señaló que durante el gobierno de Luis Arce la Contraloría no habría atendido las recomendaciones derivadas del caso y cuestionó que la actual administración tampoco haya mostrado, hasta ahora, interés suficiente en alcanzar una solución.
Con la nueva denuncia, las víctimas buscan que la Fiscalía investigue la posible responsabilidad individual de quienes participaron en el operativo y en las decisiones posteriores.
El caso vuelve así a abrir un debate que Bolivia arrastra desde 2009: qué ocurrió realmente aquella madrugada en el Hotel Las Américas, quiénes tomaron las decisiones y quiénes deben responder por las muertes, detenciones y presuntas torturas denunciadas.
La presentación de la denuncia no implica que las 153 personas sean culpables. Corresponde al Ministerio Público investigar los hechos y determinar, mediante el debido proceso, si existen responsabilidades penales individuales.
Ahoradigital con información de Unitel, Oxígeno y la CIDH.
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