Autoridades del nivel central deben ser procesadas por vulnerar el régimen constitucional de los recursos naturales en Bolivia, dijo el abogado especializado en derecho autonómico, Freddy Ortuño.
El jurista se refirió al tema luego que incendios forestales arrasaron con casi 4 millones de hectáreas y se cobró la vida de animales en el Oriente boliviano.
«Se constituye en un delito como traición a la patria, ya que se aprobaron decretos y normas, que no protegen ni ofrecen garantías para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y más bien promueve su destrucción», afirmó Ortuño.
La infracción está sustentada en el artículo 124 de la Constitución Política del Estado (CPE) y es imprescriptible (no prescribe).
Según el jurista tarijeño, desde el gobierno de Evo Morales se empezaron a elaborar decretos y normas para ampliar la frontera agrícola, que a través de los chaqueos descontrolados, provocaron los incendios forestales de magnitud en territorio cruceño.
Ortuño consideró que el gobernador y los alcaldes de los municipios de Santa Cruz afectados por los siniestros son los que pueden presentar la denuncia para abrir el proceso contra las autoridades gubernamentales firmantes de los decretos y normas contrarias al régimen constitucional de los recursos naturales.
«Cualquiera de esas autoridades puede hacer la denuncia. No es algo subjetivo o esté sujeto a nuestra interpretación o imaginación, sino está enmarcado en el artículo 124 de la CPE que establece que se comete delito de traición a la patria a quien viole el régimen constitucional de los recursos naturales del Estado Plurinacional de Bolivia», reafirmó.
Agregó que al ser un delito constitucional, los involucrados serán inhabilitados para ejercer la función pública o recibir una sentencia de 30 años de cárcel sin derecho al indulto.
EL DEBER
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