La Defensoría del Pueblo ha iniciado una investigación de oficio tras el atraco a un librecambista, en el que un sargento de la Policía ha sido identificado como el principal implicado. Cecilia Bolívar, Defensora del Pueblo en Tarija, ha anunciado que están investigando la posible tortura del efectivo policial implicado
El caso, que involucra el robo de casi 30 millones de pesos argentinos, ha generado una ola de indignación en la sociedad tarijeña, obligando a la cúpula policial a ofrecer disculpas públicas. Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando el sargento implicado, durante un traslado, gritó acusaciones que involucraban a altos mandos policiales en el delito, específicamente mencionando a los coroneles Illanes y Fernández.
Bolívar explicó que la Defensoría del Pueblo tomó conocimiento del caso a través de los medios de comunicación y posteriormente recibió la visita de los familiares de la víctima. “Inmediatamente se ha aperturado una investigación de oficio”, afirmó.
La Defensora destacó la complejidad del caso, dado que el presunto agresor es un funcionario policial. “Las vías que se aperturan en un proceso de investigación ante la vulneración de este derecho humano, es tanto en la vía judicial como en la vía administrativa”, explicó Bolívar, enfatizando que la Defensoría está acompañando y haciendo seguimiento a las familias afectadas.
Defensor del pueblo investiga supuesta tortura
Un aspecto crucial de la intervención de la Defensoría del Pueblo es su papel como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. En este contexto, Bolívar reveló que se realizó una visita a las celdas policiales para evaluar la situación del detenido. “Conociendo las condiciones específicas del caso concreto, es responsable el Mecanismo Nacional hizo la visita en celdas policiales para conocer la situación actual y poder procurar de que se tenga acceso a una revisión médica”, explicó.
La Defensora señaló que se han detectado “algunas lesiones en el cuerpo” del detenido, lo que ha llevado a solicitar una valoración médica forense. El personal de la Defensoría se ha trasladado al hospital para conocer el historial médico y determinar si se realizó la evaluación médica correspondiente.
Bolivar enfatizó que la Defensoría del Pueblo está trabajando en dos frentes simultáneos: por un lado, brindando apoyo y acompañamiento a las víctimas del atraco, y por otro, velando por los derechos y la integridad física de las personas detenidas e investigadas. “Como Defensoría, reitero, aperturamos dos espacios, el de trato con las víctimas para hacer este acompañamiento, pero además, en el marco del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, también resguardar la integridad física de aquellos que están siendo investigados”, afirmó.
El caso ha puesto de manifiesto la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente, no solo del atraco en sí, sino también de las acusaciones lanzadas por el sargento implicado contra sus superiores. La rápida respuesta del general Illanes, negando “rotundamente” las acusaciones y revelando los antecedentes disciplinarios del sargento, subraya la gravedad de la situación y la crisis de confianza que enfrenta la institución policial.
La Defensora del Pueblo hizo hincapié en la importancia de seguir los procedimientos adecuados en todos los casos donde el Estado tiene custodia temporal de individuos. “Todo caso de las personas que han sido, que están circunstancialmente en celdas policiales, que podrían estar en otros espacios también donde temporalmente el Estado tiene custodia de ellas, se aperturan los procesos y se solicita la investigación en las instancias policiales, administrativas”, explicó Bolivar.
Este incidente ha generado un debate más amplio sobre la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y la necesidad de mecanismos más efectivos de control interno. La promesa del general Illanes de ser «implacable en la lucha contra la corrupción” y su anuncio de solicitar la baja definitiva del sargento implicado mediante un proceso disciplinario, reflejan la presión que enfrenta la institución para restaurar la confianza pública.
Fuente: El Andaluz
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