Cerca del 80% de las personas detenidas por robo y otras contravenciones contra la seguridad ciudadana recuperaron su libertad en 2023 por efecto de acciones legales, según datos del Ministerio de Gobierno.
Por ejemplo, la Dirección General Régimen Penitenciario cerró el 2023 con 21.330 personas denunciadas por los delitos contra la propiedad privada. Se trata de la cifra más alta desde 2015, el año cuando se comenzó a generar esta base de datos oficial.
Esto implica hurtos, robo, robo agravado, abigeato y jukeo. De esta cifra, 2.931 personas fueron enviadas a distintos centros de reclusión, pero 2.411 lograron recuperar su libertad. Además, hay otro tanto, unas 500 personas, que, si bien fueron sentenciadas, se beneficiaron con penas de dos años que no implica cárcel.
“¿Qué quiere decir esto? De nada está sirviendo el trabajo que realiza la Policía y del Ministerio Público si meses más tarde los delincuentes recobran su libertad. Eso significa que el ordenamiento jurídico nacional vigente no está funcionando y hay que adecuarlo a nuestra realidad”, cuestionó el ministro Eduardo del Castillo.
Para Del Castillo, con esta ley, que sus mismos seguidores y funcionaron la denominaron ‘Bukele’, será una solución para aliviar a la ciudadanía que sufre del robo delictivo. “Vamos a cambiar la realidad del pueblo boliviano en su conjunto”, dijo.
El proyecto tiene como objeto “descongestionar el sistema judicial, luchar contra la impunidad y brindar una respuesta pronta además de oportuna a los hechos de apoderamiento de cosa ajena”. Además, también propuso usar la mano de obra de las personas privadas de libertad para poder construir nuevas cárceles.
¿Por qué Bukele?
La ley o el ‘modelo Bukele’ hacen referencia a las reformas de leyes y códigos aplicados desde 2019 en El Salvador, en Centroamérica, por el presidente de esa nación, Nayib Bukele. Estos ajustes apuntaron al Código Penal y a la política penal de esa nación.
La norma más importante de este ajuste es el “régimen de excepción” que contempla “la detención sin orden judicial, la ampliación del tiempo máximo aprehensiones de 72 horas a 15 días, la intervención de las telecomunicaciones” y penas que van hasta 60 años.
Bukele activó estas reformas para enfrentar a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 que llegaron a tener control territorial de varias regiones en El Salvador, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudc).
A diferencia de El Salvador, Bolivia se ubica en el puesto 36º en la tasa de homicidios con un 3,49%, según el Estudio Global sobre Homicidios de la ONU para América Latina y el Caribe.
Para poner en marcha esta policía penal, el gobierno de Bukele invirtió cerca de $us 1.000 millones. La propuesta de Del Castillo precisa cero gasto del TGN.
EL DEBER
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