“Bajo la figura de infanticidio, los procesados serán condenados severamente, eso para lavarse las manos. El punto es que el Ministerio Público se hará de la vista gorda en el tema de la idoneidad de los forenses”, opinó el abogado Joadel Bravo, sobre el anuncio del comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, de que los acusados por violación múltiple del menor en Yapacaní serán procesados bajo la figura de infanticidio.
En la misma línea está la familia del niño que falleció, tras agonizar por una enfermedad transmitida por los violadores. “Esos funcionarios que no sirven para nada, empezando por el forense, que lo destituyan, no sé por qué ponen personal incapaz”, arremetió Luis Fernando Fernández, hermano del pequeño, que fue velado ayer en el barrio donde padeció por dos años, en Yapacaní.
Entre lágrimas, Fernández lamentó que el forense en su primera evaluación concluyera que no existían evidencias. “En Yapacaní no sirven, ni Defensoría de la Niñez, ni fiscales ni forense”, aludió
La otra hermana del niño fallecido, Roxana Fernández, también cuestionó que “nadie ayudó” en la búsqueda de la familia por justicia. Dijo que las autoridades solo les pedían videos, “parece que querían que consigamos pruebas de cómo ultrajaban a mi hermanito para recién sentenciar a los culpables. No confiamos en nadie, queremos que maten a los violadores, los niños no merecen esto”, sollozó.
Informes contradictorios
A través de un informe de oficio, la Defensoría del Pueblo ha lanzado duras críticas a la forma en que se ha manejado el caso del niño abusado por varias personas.
Observó la tardanza en el diagnóstico médico, que perjudicó el tratamiento oportuno del menor, que posiblemente le habría ahorrado la agonía de dos ingresos a terapia intensiva, una en octubre de 2021, y la otra en esta semana.
Bravo criticó que el mismo forense, Luis Fernando Moreno Guzmán, participara en dos informes que se contradicen, aunque en el segundo también estuvo presente Rosmery Vargas.
El informe de la Defensoría indica que, una vez iniciado el proceso penal, en octubre de 2021, cuando el menor ya había entrado a terapia, este careció de efectividad por la inacción de las instancias competentes; y que en el caso del Instituto de Investigación Forense (IDIF), no se habrían realizado los informes de trabajo social y psicología forense requeridos por el fiscal.
Respecto a las acciones del Ministerio Público, en abril de 2022, rechazó la denuncia, fundamentando esta determinación en que la víctima y el denunciante no aportaron suficientes pruebas contra los supuestos autores.
En cuanto a la Defensoría de la Niñez, la Defensoría del Pueblo critica que realizó acciones muy limitadas que no impulsaron la investigación del hecho de manera efectiva y oportuna, lo que generó mayor desprotección de la víctima.
Bravo apuntó a que el forense ni siquiera tiene título, “porque no lo tiene, todos los médicos de provincia no tienen”, cosa que ha denunciado, y quizás la historia hubiera sido distinta. También observó que lo mínimo que debió hacer el forense fue convocar a un especialista.
“Aquí la omisión de los análisis forenses ocasiona que vaya presa una persona inocente, o que sea absuelta otra culpable. El informe forense es el documento angular, base de una investigación sexual”, dijo.
A las alusiones defensoriales, desde el IDIF respondieron que la primera valoración se hizo en el plazo establecido, pero el delicado estado de salud de la víctima dificultó realizar la evaluación de manera detallada porque se encontraba en terapia; sin embargo, en ningún momento defiende las conclusiones de que no se detectó violencia corporal genital.
El Deber
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