Ahoradigital – Bolivia podría terminar 2026 con una deuda pública equivalente al 100,2% de su Producto Interno Bruto (PIB), según las proyecciones incluidas en el informe técnico del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), difundidas por El Deber.
La cifra significa que el endeudamiento total del sector público superaría el valor de los bienes y servicios producidos por el país durante un año. Sin embargo, esto no implica que toda la producción nacional esté comprometida para pagar las obligaciones, ya que la deuda tiene distintos plazos y condiciones de financiamiento.
El escenario también contempla una contracción económica del 3% durante esta gestión, una situación que podría dificultar la generación de ingresos fiscales y complicar los esfuerzos para estabilizar las cuentas públicas.
Menos margen para responder a una crisis
Dylan Walsh, vicepresidente asociado de Riesgo Soberano para las Américas de Moody’s Ratings, advirtió que una deuda superior al 100% del PIB reduce el margen de maniobra del Estado frente a situaciones imprevistas.
El analista de finanzas públicas de la Fundación Jubileo, René Martínez, señaló que la relación entre deuda y PIB debe analizarse junto con otros indicadores, como el crecimiento económico, la productividad, las exportaciones y la capacidad del país para generar recursos.
Martínez también advirtió que Bolivia estuvo cerca de enfrentar dificultades para cumplir con sus obligaciones de deuda durante la crisis de divisas, un problema que, según su análisis, todavía no está resuelto.
Por su parte, el economista Fernando Romero sostuvo que la combinación de endeudamiento elevado, contracción económica y déficits fiscales persistentes incrementa los riesgos para la estabilidad financiera del país.
No obstante, los especialistas aclaran que superar el 100% del PIB en deuda no significa automáticamente que un país esté en quiebra. La situación depende, entre otros factores, de su capacidad de pago, las condiciones de los créditos y el acceso a nuevas fuentes de financiamiento.
El déficit fiscal continúa bajo presión
Las proyecciones del FMI establecen que el déficit del sector público bajaría del 11,4% del PIB registrado en 2025 al 9,2% en 2026. Para 2027, la meta es reducirlo al 6,7%.
Sin embargo, el economista y exministro Ramiro Cavero considera que el ajuste previsto es insuficiente para aliviar rápidamente la presión sobre las finanzas públicas.
Cavero advirtió que una reducción gradual del déficit podría prolongar las dificultades económicas y retrasar la recuperación de los ingresos de las empresas, las familias y el Estado.
El FMI también prevé que la economía boliviana continúe contrayéndose en 2027, aunque a un ritmo menor, con una caída proyectada del 1,5%. Para ese año, la relación entre deuda pública y PIB descendería al 95,1%, según el informe citado.
Deuda interna y externa
Los datos consignados en el reporte indican que la deuda interna del Tesoro General de la Nación alcanzó Bs 242.401,3 millones al 31 de julio.
En tanto, la deuda pública externa de mediano y largo plazo llegó a $us 14.207,9 millones, equivalente a Bs 168.362,6 millones, calculados con una cotización de Bs 11,85 por dólar.
El peso de estas obligaciones genera preocupación por sus posibles efectos sobre el presupuesto estatal. Cuanto mayores sean los recursos destinados al pago de intereses y vencimientos, menor puede ser el margen disponible para financiar infraestructura, servicios públicos y programas sociales.
¿Qué necesita Bolivia para estabilizar su deuda?
Entre las medidas planteadas por los especialistas figuran profundizar el ajuste fiscal, revisar el gasto público y el funcionamiento de las empresas estatales, además de generar condiciones que incentiven la inversión productiva en sectores como minería e hidrocarburos.
El desafío para el Gobierno será reducir el déficit sin profundizar la recesión y recuperar la capacidad de generar ingresos que permitan atender las obligaciones financieras.
Las proyecciones no representan un resultado definitivo, sino un escenario sujeto a la evolución de la economía, los ingresos fiscales, el gasto público y las decisiones de política económica.
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