Una intervención quirúrgica que le practicaron al sacerdote Vicmar Miranda terminó en una tragedia y hoy su familia busca esclarecer lo que pasó. Una auditoría determinó responsabilidades por mala praxis en el hospital Jaime Mendoza, de la Caja Nacional de Salud (CNS).
Familiares del mencionado sacerdote presentaron a CORREO DEL SUR documentación del caso para respaldar su denuncia y exigir una pronta intervención de las autoridades competentes.
Según el relato de los hechos, todo comenzó la mañana del 23 de marzo de este año cuando Miranda acudió a la Unidad de Emergencia por una dolencia en el lado derecho del estómago. El médico le diagnosticó gastritis y le recetó omeprazol en ampolla y un calmante.
El dolor persistía y la tarde de ese mismo día se acercó a Emergencias del Policlínico de la Caja Nacional de Salud, ubicado en la calle Colón, donde se ratificó el diagnóstico inicial; Nuevamente le colocaron un omeprazol y un calmante.
Al día siguiente volvió al SNC con los mismos síntomas y una fiebre de 38 grados. Le hicieron análisis de sangre y una ecografía de vesícula. No se detectó nada anormal y se ratificó que tenía gastritis, recetándole más medicamentos.
El 26 de marzo, el paciente regresó al Jaime Mendoza y el médico de turno solicitó un análisis de laboratorio; se le detectó una inflamación. Con una ecografía, se confirmó que tenía inflamación aguda de la vesícula biliar sin presencia de piedras y se dispuso que siguiera con tratamiento domiciliario.
Sin embargo, los familiares del sacerdote reclamaron y lograron que fuera internado. Más tarde, les comunicaron que iba a ser operado a las 8:00 del día siguiente, previo análisis que mostró una infección del tracto urinario.
El 27 de marzo, Miranda es ingresado a quirófano para que se le practique una cirugía de extirpación de la vesícula por inflamación mediante laparoscopía. Al concluir la operación, el médico les informó que el paciente padecía una “colecistitis gangrenada perforada o necrosis gangrenosa de la vesícula biliar”.
Según los familiares, el diagnóstico era grave y ponía en riesgo la vida del paciente, pero ni aun así fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) sino después de cinco horas de concluida la cirugía. En la UTI, el sacerdote fue intubado, presentó una falla multiorgánica por la infección generalizada (sepsis) y falleció la madrugada del 28, según el certificado médico, por una lesión renal aguda.
AUDITORÍA
La familia solicitó una copia de la historia clínica, que fue entregada con exámenes y diagnósticos que ellos desconocían. Además, pidieron una auditoría médica interna cuyo resultado demostró responsabilidad en el paciente; se indicaba que “no regresó al servicio de emergencias” el 24 “para completar la valoración integral”. Luego, acudieron ante la Autoridad de Supervisión Social de Corto Plazo pidiendo una auditoría médica interna cuyo resultado dice: “encontrar suficientes indicios de responsabilidad penal” en tres médicos y una enfermera.
Correo del Sur
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