A 11 meses de haberse iniciado el juicio oral del caso denominado La Manada, nuevamente tuvo que ser suspendida una de las audiencias, en esta ocasión por las amenazas y agresiones que la fiscal del caso recibió por parte de los abogados de la defensa.
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“Pedimos al Fiscal General que brinde la protección inmediata a la fiscal Nancy Carrasco, ya que ella recibió amenazas y por poco fue golpeada por uno de los abogados de la defensa”, denunció la jurista Jessika Echeverría, una de las defensoras de la víctima del caso.
El juicio oral de los cuatro implicados en la presunta violación grupal a una joven de 18 años en el motel Deluxe (Santa Cruz) empezó el 18 de diciembre de 2019 y aún no culminó.
Echeverría pide a los ministros de Gobierno y Justicia que intervengan en este caso y coadyuven para dar una sanción justa a los implicados.
“Son dos años que andamos peregrinando en este caso. Con el de ahora ya son tres Gobiernos que saben del caso, pero todos se muestran indiferentes. Uno de los acusados es el hijo de la mano derecha de la Alcaldesa de Santa Cruz, además de tener amistad con el exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano”, refirió la abogada.
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En redes sociales
Por otro lado, Arlety Tordoya, abogada de la víctima y representante del colectivo Mujeres Creando, dijo que abogados, familiares y amigos de los acusados, por medio de perfiles falsos en redes sociales, amedrentan a la víctima, quien, para resguardar su integridad, tuvo que abandonar el país.
“Crean perfiles en redes para violentar psicológicamente a la víctima; no olviden que la culpa será siempre de los violadores. No dejaremos pasar más actos de impunidad”, dijo.
Tordoya refirió que no sólo la víctima y la fiscal del caso fueron intimidadas, sino también todos los testigos convocados por el Ministerio Público, quienes están siendo perseguidos con el objetivo de evitar que se presenten en la audiencia de juicio oral.
“Actúan como una comparsa de amedrentadores para que los testigos se sientan intimidados. Si permitimos esto, no se va a poder llevar el juicio con la normalidad; buscan lograr la impunidad por falta de producción de prueba, quieren que las sanciones sean las mínimas”, aseguró.
Dos instituciones dejaron el caso
La violación se registró el 13 de diciembre de 2018. Tras la agresión sexual, la víctima se debatió entre la vida y la muerte, y permaneció varios días en terapia intensiva. Hay cinco acusados; uno es menor de edad.
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El 28 de junio de 2019, la jueza Shirley Becerra absolvió del cargo de violación al menor de edad implicado en el caso; sin embargo, esa decisión fue observada por instancias superiores.
En la gestión de Evo Morales, los ministerios de Gobierno y Justicia se sumaron al proceso en apoyo a la víctima, lo mismo pasó durante la gestión de Jeanine Áñez; sin embargo, a las audiencias y el juicio oral, no asistieron los abogados de los ministerios, por lo que fueron sacados del proceso.
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de Santa Cruz fue alejada del caso, porque los servidores públicos no acudieron a varias audiencias. La madre de uno de los acusados es funcionaria municipal.
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