La acusación y el pedido de detención contra dos periodistas por parte de la Fiscalía se sumó a otras amenazas, arengas y formas de intimidación que arreciaron en los últimos días contra los medios de comunicación y los periodistas y que muestra a Bolivia como un país de alto riesgo para el ejercicio del periodismo.
La campaña de asfixia económica y presión política contra el periódico Los Tiempos, la usurpación del trabajo de periodistas para labores de represión e inteligencia en el conflicto cocalero, las duras arengas del exministro de la presidencia Juan Ramón Quintana contra medios de comunicación a los que calificó de “cloacas mediáticas” y la acusación y pedido de detención contra dos periodistas por la supuesta contratación irregular de otro periodista, alertan sobre serias amenazas contra la libertad de expresión y la libertad de prensa en el país.
Estos hechos configuran un contexto inseguro y poco favorable al ejercicio del periodismo, dijo a Cabildeo Digital Ramiro Orías, asesor legal de la Red de Apoyo Para Periodistas (RAPP), y lamentó que “no se cumplan los estándares internacionales y la normativa nacional que manda a proteger la libertad de expresión y la libertad de prensa”.
Recordó que esos derechos “constituyen la piedra angular de la democracia y es responsabilidad del Estado garantizarlos” y alertó que “se advierte un patrón que contradice la obligación que tiene el Estado de proteger en todas circunstancias el ejercicio de la libertad de expresión, así como la libertad de prensa”.
Persecución y sicariato judicial contra periodistas
Este jueves se conoció que el fiscal Junior Flores acusó y pidió la detención de los periodistas Andrés Rojas y Adriana G. gerente general y gerenta de informaciones de BTV, respectivamente, durante el gobierno de Jeanine Añez, por supuestas irregularidades en la contratación del presentador de noticias Pablo Llano en el canal de televisión estatal en 2020.
Human Rights Watch (HRW), entidad internacional de defensa de los derechos humanos, expresó su preocupación por el proceso penal contra dos periodistas y otros cuatro exfuncionarios del canal estatal por haber contratado a un periodista supuestamente con un sueldo mayor al que estaba permitido.
César Muñoz, investigador de HRW, se pronunció a través de mensajes de Twitter y dijo que es desproporcionada la pena máxima de 10 años de prisión al que los periodistas están expuestos por los delitos imputados y recordó que “Un principio fundamental de la justicia es la proporcionalidad: la acusación penal debe ser proporcional a la conducta alegada. Otro principio básico es que la detención preventiva debe ser una medida excepcional y no, como ocurre en Bolivia desde hace años, la norma general”.
En declaraciones a radio Panamericana, la abogada Zuleika Lanza aseguró que “este es un caso claro de sicariato judicial y de persecución contra dos periodistas reconocidos, es una acusación que afecta a la liberta de expresión y de prensa” y denunció “la digitación de la justicia por parte del gobierno”.
En su criterio no corresponde un proceso penal por una supuesta transgresión que debiera ser resuelta por la vía administrativa. Aseguró que “Aquí se ve cómo la justicia en Bolivia tiene color político. El fiscal Flores es uno de los fiscales que realiza tareas de persecución”, agregó la abogada. Dijo que los afectados por esa acusación deben recurrir a instancias internacionales, ya que en Bolivia no se respeta el debido proceso.
El Ministerio Público no se hizo eco de los reclamos, anunció que continuará con el proceso penal y activó una notificación mediante edicto conminando a Pablo Llano a presentarse para asumir defensa.
La deriva despótica y autoritaria del gobierno
La fiscalía calificó de irregular la contratación de Llano con un salario de Bs.11.498 mensuales cuando, presuntamente, solo debía haber percibido Bs. 6.000 mensuales debido a que no tiene título académico.
“Aquí se ve cómo la justicia en Bolivia tiene color político” dijo la abogada Zuleika Lanza porque se pretende sancionar penalmente por un error administrativo “aquí no hay delito”.
La acusación por incumplimiento de deberes, contratos lesivos, conducta antieconómica y daño económico al Estado contra los dos periodistas, por la que el fiscal Flores pidió entre cinco a 10 años de cárcel, se sustenta en la firma de un contrato por el cual se pagó en total 84.701 bolivianos (12.100 dólares) por siete meses de trabajo.
Los argumentos de la Fiscalía han sido rebatidos por cuanto el monto cobrado por Llano se considera un salario normal para un presentador de noticias que desarrolla un trabajo comunicacional que requiere habilidades especiales y no necesariamente un título profesional. En la historia de la radio y la televisión en Bolivia hay claros ejemplos de ello, Carlos Palenque fue un emblemático comunicador sin título profesional.
La acusación contra los dos periodistas aparece como desproporcionada frente a otros casos que la fiscalía ha pasado por alto, como el de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo que no opera ni paga pensiones desde su creación, en 2010, pero paga salarios a sus funcionarios de hasta Bs 35.000 al mes. Los salarios fueron reducidos en 50% con relación a 2015, cuando la escala salarial contemplaba pagos por Bs 70.000 mensuales.
La planilla de $us 44,3 millones anuales para el pago de salarios de los técnicos que operan la planta de Amoniaco y Urea que el Ministerio de Hidrocarburos justificó con el argumento de la “alta especialidad de los técnicos” no ha sido objeto de investigación de oficio por la Fiscalía y no se acusa de “incumplimiento de deberes, contratos lesivos, conducta antieconómica y daño económico al Estado” a quien autorizó el pago de Bs 514.224 ($us 73.882) mes al Jefe de Planta y de Bs. 250.000 mes a otros técnicos del complejo petroquímico.
La senadora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, llamó la atención sobre la “selectividad” de la investigación y la “desproporción” sobre el presunto delito administrativo con la acusación y una sanción con hasta 10 años de cárcel presentada por el fiscal Flores, según reportó Brújula Digital.
Asimismo, expresó que una acusación penal contra dos periodistas en ejercicio es, evidentemente, un acto de acoso contra la libertad de prensa y de expresión y, “en general, contra las libertades democráticas” del país.
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Requena expresó que esto demuestra que no se detiene la “deriva despótica y autoritaria del gobierno” que busca, en realidad, que la sociedad boliviana se enfrente y que caiga en la violencia.
HRW declara su preocupación por la acusación de fiscal contra dos periodistas
La entidad internacional de defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch, expresó este viernes, mediante tres mensajes de Twitter, su preocupación por la acusación presentada por el fiscal Junior Flores contra los periodistas Andrés Rojas y Adriana G., de quienes pidió su detención.
Vía: Brújula Digital |
Los conocidos periodistas Rojas y Adriana G. fueron acusados por el fiscal Flores de daño económico al Estado porque contrataron supuestamente con un salario mayor al que le correspondía por no tener un título profesional al presentador de noticias Pablo Llano cuando se desempeñaban en la red Bolivia TV en 2020. (Adriana G. ha solicitado, mediante sus abogados, no ser identificada por su apellido).
Al respecto, César Muñoz, investigador senior de HRW para América Latina, dijo en su cuenta de Twitter: “Nos preocupa el proceso penal iniciado por @FGE_Bolivia (Fiscalía) contra dos periodistas y cuatro exfuncionarios de un canal público por pagar un sueldo supuestamente mayor que el permitido a otro periodista. Luego agregó: “La pena máxima por los delitos imputados a las seis personas es de 10 años de prisión. La Fiscalía también solicitó su detención preventiva por 6 meses” dijeron los dos primeros mensajes, suscritos por
En su tercera publicación, Muñoz expresó que “Un principio fundamental de la justicia es la proporcionalidad: la acusación penal debe ser proporcional a la conducta alegada. Otro principio básico es que la detención preventiva debe ser una medida excepcional y no, como ocurre en Bolivia desde hace años, la norma general”.
La acusación contra los dos periodistas, que están en ejercicio, ha generado solidaridad con los afectados y denuncias de presiones del gobierno contra la prensa. Manuel Morales, dirigente de Conade, dijo que la acusación del fiscal Flores es un “acto de represión” no solo contra los dos comunicadores, sino contra los medios de comunicación y de los periodistas en general y que es una muestra de que el Estado está en una nueva faceta de represión.
Por su lado, la periodista Zulema Alanes dijo a Brújula Digital que la medida es “un proceso que excede las normas administrativas con las que se debe proceder en este caso y, por tanto, se configura en una abierta persecución judicial contra los colegas”.
Pedro Glasinovic, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas (ANPB), coincidió con Requena sobre el tema de la desproporción. Dijo que la acusación está fuera de lugar y que la justicia “debe determinar si se ha cometido un hecho fuera de la ley al contratar a un periodista”.
A su vez, la abogada Zuleika Lanza denunció un caso de “persecución” y “sicariato judicial” en el proceso contra los periodistas Andrés Rojas y Adriana G.
“Este es un caso claro de sicariato judicial y de persecución contra dos periodistas reconocidos, es una acusación que afecta a la liberta de expresión y de prensa”, dijo Lanza entrevistada por radio Panamericana.
Andrés Rojas y Adriana G. son periodistas de reconocida trayectoria en Bolivia, con muchos años de presencia en los medios de comunicación.
Fiscalía emite edicto para dar con el paradero de presentador por su paso en Bolivia tv
Los investigadores al no encontrar al presentador de televisión Pablo Llano en su domicilio y en territorio nacional, la Fiscalía decidió notificarlo mediante edicto para que se presente a declarar por una denuncia en su contra cuando era funcionario de la Empresa Estatal Bolivia Tv en 2020.
Vía: Brújula Digital
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