El expresidente Evo Morales afirmó que no contratará abogados para enfrentar un eventual juicio de responsabilidades por el caso Hotel Las Américas y sostuvo que aceptaría ir a prisión si eso ocurre por lo que considera una defensa de la unidad territorial de Bolivia.
“Si Evo tiene que ir a la cárcel por defender la unidad del territorio nacional, excelente”, manifestó Morales durante su programa radial, según reportó Erbol este martes.
El exmandatario también aseguró que no tiene intención de defenderse legalmente y cuestionó a los sectores que impulsan el proceso, a los que acusó de pretender juzgarlo por haber enfrentado un supuesto plan separatista contra el país.
La investigación por el operativo de 2009
El caso se remonta al 16 de abril de 2009, cuando un operativo policial en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra, terminó con la muerte de tres personas: Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer. Otras dos personas, Elöd Tóásó y Mario Tadić, fueron detenidas.
Durante el gobierno de Morales, las autoridades sostuvieron que los involucrados formaban parte de una presunta organización terrorista y separatista. Sin embargo, el operativo quedó marcado por denuncias de ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.
La controversia derivó en actuaciones ante el sistema interamericano de derechos humanos, que examinó las denuncias relacionadas con el operativo y el posterior proceso judicial.
Un eventual juicio de responsabilidades
La Fiscalía General del Estado inició actuaciones a raíz de una proposición acusatoria presentada por la bancada de la alianza Libre, que busca un juicio de responsabilidades contra Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera por presuntos delitos vinculados a los hechos de 2009.
El avance de este procedimiento dependerá de las instancias competentes y del cumplimiento de los requisitos legales correspondientes. La investigación y la acusación no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.
Con sus recientes declaraciones, Morales mantiene su versión de que las decisiones de su gobierno respondieron a la defensa de la integridad territorial, mientras el proceso busca establecer responsabilidades por las presuntas vulneraciones de derechos humanos ocurridas durante el operativo.
Ahoradigital
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