Con chalecos, las manos esposadas a la espalda y escoltados por policías, Remberto López H. y Elvis Villarroel C. salieron anoche del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba. Tras una audiencia de cuatro horas, el juzgado ordenó la detención preventiva de ambos por el asesinato del juez Wilber Marcial Cruz Arancibia. Remberto irá a Palmasola, en Santa Cruz, mientras que Elvis será recluido en El Abra, Cochabamba.
Antes de abandonar el edificio judicial, Remberto gritó que un abogado estaría detrás de los crímenes, mientras que Elvis se limitó a decir que es inocente. Jhosep Rolando Sierra, abogado de la familia de la víctima, considera que ambos imputados son “autores intelectuales”.
La investigación volcó su mirada hacia ellos, hermanos de líderes de bandas criminales. Remberto, hermano de Nabor López, asesinado en enero en la cárcel de Chonchocoro, y Elvis, hermano de Ariel Villarroel, considerado por las autoridades como el sucesor de Nabor López. Ambos ya se encontraban con detención preventiva. El primero desde mayo de 2023 en el penal de San Pablo de Quillacollo y el segundo desde junio de 2024 en San Sebastián Varones, por su presunta vinculación con secuestros y asesinatos.
Ahora, ambos son investigados por su presunta vinculación con el asesinato del juez, un crimen ocurrido la noche del viernes 7 de noviembre, cuando la víctima se encontraba junto a su hijo en su vehículo, detenido en el semáforo de la calle Diego de Almagro y la avenida D’Orbigny, en Cochabamba, esperando que la luz cambiara.
Eran las 22:52 cuando una cámara de vigilancia registró la aparición de una motocicleta con dos ocupantes. Se acercaron a la ventana del conductor y dispararon tres veces. El auto avanzó y retrocedió ligeramente; la moto giró en “U”, se detuvo en la ventana del copiloto por unos segundos y luego escapó por la misma calle. Los autores dejaron una nota manuscrita “Por no cumplir tu trabajo. Te lo advertí… igual Cristina. Pe…”.
Sobre ese punto, el abogado Sierra indicó que se realizó una pericia que concluye que la letra de los imputados coincide. Agregó que se les decomisaron celulares en las cárceles, y que, presuntamente, a través de ellos habrían coordinado el asesinato del juez.
Por otra parte, Silvia Tapia, abogada de Remberto López, afirmó que en el espacio donde se encontraba su cliente hay numerosos privados de libertad, por lo que no se le podría atribuir la propiedad de los celulares incautados. Señaló que la letra de la nota no corresponde a su cliente y aseguró que es inocente. Además, indicó que no tendría lógica implicarlo, ya que Remberto había sido beneficiado con libertad por los miembros del Tribunal de Villa Tunari, y que al parecer existen otros intereses para trasladarlo a otra cárcel con el fin de poner en riesgo su vida.
La investigación por el asesinato del juez avanza bajo reserva judicial por 10 días. La Policía y la Fiscalía realizan diversas acciones para identificar y capturar a los autores del crimen, así como para establecer los móviles. Se revisan cámaras de vigilancia en distintos puntos de la ciudad, ya que los atacantes habrían seguido al juez, y se ejecutan allanamientos.
El martes 11 de noviembre se llevaron a cabo operativos en municipios de Cochabamba y Villa Tunari. Uno en un inmueble donde presuntamente residía Remberto López, en inmediaciones de la avenida de la Fuerza Aérea; otro en el departamento que ocupaba el juez, en un edificio cercano a la avenida Beijing. También se intervino el Tribunal de Sentencia No. 1 de Villa Tunari, donde la víctima ejercía funciones, y un inmueble que él ocupaba en ese municipio.
En medio de toda esta trama, apareció el abogado Lurwyn Ledezma, quien planteó una hipótesis. En su criterio, el juez fue asesinado por no cumplir con la liberación de Remberto. Ledezma sostiene que detrás del crimen opera una organización liderada por Ariel Villarroel, sucesor de Nabor L.H., hermano de Remberto.
El abogado afirmó haber identificado varias irregularidades, entre ellas que el tribunal donde trabajaba Cruz revocó la orden que trasladaba a Remberto al penal de Cantumarca, en Potosí, y en su lugar dispuso que permanezca en San Pablo. Además, en un momento este hombre estuvo a punto de obtener libertad y luego detención domiciliaria, pero las apelaciones lo impidieron.
Por ahora, las pesquisas continúan, y una de las líneas apunta a una banda criminal familiar que actuaba en el Trópico, dedicada a secuestros y asesinatos. La investigación sigue su curso.
Fuente: Opinión
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