La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) denunciaron la infiltración de un supuesto “periodista” para realizar tareas de inteligencia y seguimiento a defensores de derechos humanos.
El pasado 8 de diciembre, Jhanisse Daza, directora de la ONG Ríos de Pie, de defensa de los derechos humanos y del medioambiente, fue filmada por un supuesto integrante de inteligencia cuando salía de la cárcel de San Pedro de La Paz tras haber visitado al dirigente cocalero César Apaza para verificar su estado de salud y las condiciones de su reclusión, ante denuncias sobre la vulneración de sus derechos por el sistema judicial y penitenciario.
Al percatarse de que un hombre la estaba filmando desde la acera de enfrente, la activista se acercó a preguntarle por qué registraba imágenes de su salida del recinto carcelario y éste le respondió que era periodista.
Se identificó como Grover Quenallata y aunque no mostró ninguna credencial y tampoco ningún documento de identidad, aseguró que trabaja en radio Libertad de El Alto, FM 97. Sin embargo, consultada la Asociación de Radiodifusoras de Bolivia (Asbora), esa radio no está registrada en esa organización.
La única radio con ese nombre está ubicada en Los Yungas de La Paz y su jefe de prensa, en contacto con la APLP, señaló que Grover Quenallata no trabaja en ese medio de comunicación.
Una persona con ese nombre y que sea periodista tampoco tiene cuenta de Facebook ni en ninguna otra red social. Asimismo, la ANPB verificó que no figura en ninguno de los grupos a través de los cuales los periodistas se contactan para realizar la cobertura informativa.
Por lo expuesto, “consideramos que es un hecho de extrema gravedad que, por segunda vez, una persona bajo sospecha de realizar tareas de inteligencia se infiltre en la cobertura de prensa y encubra su verdadera misión con la de un ‘periodista’”, dice una nota de prensa de ambas organizaciones.
Asimismo, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de La Paz rechazaron que agentes de seguridad del Estado tomen el puesto de un periodista para cometer actos arbitrarios e impunes que violan los Derechos Humanos y atentan contra la integridad de las personas. Recordaron que la suplantación de identidad de terceras personas es un delito que se agrava con la falsificación de funciones profesionales.
Estas tácticas atemorizantes son propias de gobiernos dictatoriales, no democráticos, y demuestran que el derecho de asociación, de circulación, de prensa y de expresión están en riesgo.
ANF
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