Una niña de 12 años, víctima de violación, llegó a las 35 semanas de embarazo sin control prenatal. La menor de edad fue agredida sexualmente por su cuñado en repetidas ocasiones. El agresor, de iniciales C.A.C., se encuentra con detención preventiva en una cárcel de Cochabamba y se enfrenta a 30 años de cárcel por violación agravada de infante, niña, niño o adolescente.
El director del Hospital Materno Infantil Germán Urquidi de Cochabamba, Antonio Pardo, confirmó que, por la gestación avanzada, no corresponde la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), por lo que se realizaron los estudios médicos y psicológicos para que luego la víctima haga sus controles prenatales y tenga un parto normal o cesárea a las 36 semanas (nueve meses) de embarazo.
Al principio, la niña desconocía su estado de gestación y luego, se presume, que evitó los controles prenatales para “proteger” a su agresor. Para ella, el autor, de 22 años, es su pareja y llevaban casi tres años de convivencia con consentimiento de sus familiares.
Ese aspecto se encuentra en investigación. De confirmarse, la madre o familiares que conocían del hecho podrían ser investigados por presunta complicidad. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Cochabamba, Jhonny Coca, informó que, de momento, no hay requerimiento o actuado en contra de la progenitora.
La Sentencia Constitucional 0206/2014 establece el acceso a un aborto legal y seguro en caso de que el embarazo sea producto de una violación, incesto, estupro y cuando la vida o salud esté en riesgo. En este caso, la niña se encuentra en la etapa final del embarazo, por lo que ya no puede realizarse una ILE, e hizo conocer que quiere tener a su bebé.
El agresor se enfrenta a la pena máxima. El artículo 308 bis del Código Penal que dice “si el delito de violación fuere cometido contra persona de uno u otro sexo menor de 14 años, será sancionado con privación de libertad de 20 a 25 años, así no haya uso de la fuerza o intimidación y se alegue consentimiento”. En caso de evidenciarse un agravante, como el embarazo, la pena alcanzará 30 años, sin derecho a indulto.
La Defensoría del Pueblo realiza seguimiento al proceso penal, así como a la atención integral que requiere la víctima.
Tomado de Opinión
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