La Fiscalía General del Estado pidió este jueves que se ejecute, de manera inmediata, la Resolución Judicial 150/2024 que ordena a los ocho sentenciados por el caso Misiles Chinos pagar $us 3.005.280 a favor del Estado.
“El Ministerio Público tiene el compromiso de buscar el cumplimiento de las decisiones judiciales que vayan a favor de los intereses generales de la sociedad. En ese marco, el día de ayer (miércoles) presentamos un memorial dirigido ante al juzgado que llevó adelante el proceso de reparación de daño en procura de su ejecución inmediata”, informó la fiscal superior del Ministerio Público, Patricia Bohórquez.
Los sentenciados: Ciro Alejandro Valdivia, Marcelo Antezana, Marco Vásquez, Víctor Hugo Cuéllar, David René Torrico, Wilbert Sánchez, Gonzalo Méndez y Marco Antonio Justiniano deben pagar al Estado por concepto de reparación de daños.
“Se presentó un memorial ante el Juzgado que conoció el proceso judicial de reparación del daño por el denominado Caso Misiles Chinos”, precisó Bohórquez.
El Caso
En octubre de 2005, 36 misiles de fabricación china, de propiedad de las Fuerzas Armadas (FFAA) de Bolivia, fueron entregados irregularmente a la Embajada de Estados Unidos para que sean transportados al país del norte y se realice la desactivación.
En noviembre de 2015, en el marco del Juicio de Responsabilidades por el caso Misiles Chinos, en procedimiento abreviado, Ciro Alejandro Valdivia fue sentenciado –en calidad de cómplice– a dos años de privación de libertad por los delitos de revelación de secretos, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.
Considerando que la pena impuesta no superaba los dos años de cárcel, además que el Tribunal le otorgó el perdón judicial, de acuerdo a lo establecido por el artículo 368 del Código de Procedimiento Penal y la línea jurisprudencial establecida por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Valdivia quedó en libertad.
Junto con él fueron sentenciadas otras siete personas, acusadas también por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes.
Proceso de reparación
El Ministerio Público inició el proceso judicial de reparación del daño junto con la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Defensa y el Comando General del Ejército, ante el Juzgado de Sentencia 2 de Sucre que, en noviembre de 2023, emitió la Resolución que ordena el pago por parte de los ocho sentenciados.
“Esta determinación fue ratificada por un Tribunal de Alzada que otorgó el plazo de un mes para el cumplimiento de dicha decisión, plazo que ya fue cumplido; por ello, el Ministerio Público solicitó a la autoridad jurisdiccional imprimir el trámite necesario para efectuar dicho cobro”, señaló la Fiscalía.
ABI
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