“Yo pensé que quien me hablaba por WhatsApp era mi prima, que vive en Argentina, y mediante Tigo Money deposité los 50 dólares al número de cuenta que me dio para que, supuestamente, pudiera mandar parte de sus cosas en una encomienda a Bolivia porque se estaba regresando”, relata Alejandro, un paceño que fue víctima de fraude o estafa informática durante la cuarentena.
La persona con la que se comunicaba sabía todo sobre él, desde su nombre hasta cómo estaba y donde vivía. “Era como si estuviera hablando con mi prima”, asegura. Además, era su número de WhatsApp, tenía su foto y lo trataba de “primo”, como ella suele hacer, por lo que la historia que le contaron le resultó creíble.
Pero tras hacer el depósito, se hizo también el silencio: “Me habían dicho que personal de una aerolínea se contactaría conmigo para mandarme un Boucher con el que recoger las cosas del aeropuerto, algo que nunca sucedió. Varios días después le hablé a mi prima por WhatsApp y nada. Cuando la contacté por Facebook me confirmó que no había sido ella”, cuenta Alejandro.
Se disparan los ciberdelitos
La ciberdelincuencia encontró la coyuntura perfecta en la pandemia para expandirse a la misma velocidad que la Covid-19. El aislamiento, la irrupción del teletrabajo y el mayor consumo de internet por parte de la población fueron terreno fértil para los ciberdelincuentes, quienes aprovecharon el aumento en el uso de las nuevas tecnologías para multiplicar sus delitos -y sus víctimas-.
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La información recopilada por el Observatorio de Delitos Informáticos Bolivia (ODIB), a través de un formulario en línea en su página web, da muestra del incremento de los delitos informáticos o “ciberdelitos” en Bolivia, los cuales se multiplicaron por ocho en la cuarentena.
Los casos se dispararon a partir de abril con respecto a los meses anteriores del año, pasando de 16 en febrero y marzo a 54. Esta cifra siguió incrementándose en los meses siguientes, alcanzando su pico máximo en julio, con 135 casos registrados. Mientras que en agosto se produjo un decremento notable de los mismos (con 92 casos referentes a delitos informáticos).
“El aumento de casos coincide con el inicio de la cuarentena rígida (22 de marzo). La cuarentena ha generado un mayor uso de internet y de las tecnologías de la información por parte de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Ese fomento en el uso ha incidido en el incremento de los delitos informáticos, lo cual era previsible”, explica César Roberto Cuenca, perito informático y fundador del ODIB.
La Paz y delitos clásicos lideran
Con base en los datos del ODIB, entre enero y agosto se registraron 539 delitos informáticos a nivel nacional, de los cuales 486 tuvieron lugar durante la cuarentena (entre los meses de abril y agosto). La mayoría de las víctimas tenían como ciudad de origen La Paz, que encabeza la lista con 207 casos durante la pandemia de la Covid-19.
Según Cuenca, al haber un mayor uso de las tecnologías también hay una mayor “superficie de ataque”, ya que se generan mejores condiciones y oportunidades para que los ciberdelincuentes incrementen su accionar sobre un grupo mayor de posibles víctimas.
“Si antes me podían atacar solo por Facebook, ahora me pueden atacar por Facebook, por Zoom, por plataformas educativas de educación virtual u otras redes sociales. Es decir, si antes tenía una casa con una puerta y una ventana, ahora tengo una puerta y 10 ventanas por las cuales un malhechor puede ingresar”, ilustra Cuenca.
Y aunque hay un cambio en el modo de operar de los ciberdelincuentes, que generalmente van “madurando” y migran sus formas de delinquir para adaptarse a las circunstancias, los delitos que cometen siguen siendo los mismos que antes. “Amenazas, difamación, coacción”, “Fraude o Estafa Informática” y “Grooming” (acoso sexual a menores de edad) son los tres tipos de ciberdelitos, según el ODIB, con mayor ocurrencia en el país en lo que va de año. Se trata de delitos clásicos que, si bien antes se cometían en un ámbito “más físico”, ahora son ejecutados también a través de internet.
“Antes de la cuarentena ya lideraban los delitos con mayor ocurrencia, pero durante los meses de aislamiento ha habido un aumento proporcional en cuanto al número de casos”, asevera Cuenca.
En lo que respecta a La Paz, de los 207 delitos informáticos registrados durante los meses de cuarentena, 22 tuvieron lugar en abril (el 80% fueron amenazas, difamación, coacción y el 20% restante fueron casos de phishing), 50 en mayo (28% fueron amenazas, difamación, coacción; 18% hacking, 18% suplantación de identidad, 18% sextorsión y chantaje; 9% difusión de abuso sexual infantil y 9% sabotaje informático), 59 en junio (42% grooming, 25% amenazas, difamación, coacción; 17% suplantación de identidad y 16% hacking), 27 en julio (60% fraude o estafa informática, 20% difusión de abuso sexual infantil y 20% suplantación de identidad) y 49 en agosto (56% amenazas, difamación, coacción y 44% fraude o estafa informática).
La mayor sensibilidad por la Covid-19 también ha servido de anzuelo para incurrir en este tipo de delitos, que se cometieron al amparo de la situación de emergencia que vivía el país. En abril circuló a través de WhatsApp un mensaje en el cual los delincuentes se hacían pasar por el Ministerio de Gobierno para la supuesta entrega de la canasta familiar.
“Le hablamos del Ministerio de Gobierno de La Paz para hacerle la entrega de la canasta familiar y los 15.000 bolivianos”, dictaba el texto; y luego le pedían a la víctima una fotografía de su cédula de identidad. Al respecto, Bolivia Verifica publicó que se trataba de una estafa para el robo de información personal.
Por redes sociales también circuló un formulario para tramitar permisos de circulación en línea, a través del cual se solicitaba los datos personales y un pago mediante depósito bancario de 500 bolivianos. Chequea Bolivia advirtió que el formulario era falso y que se trataba de un caso de phishing (cuando los delincuentes se hacen pasar por organismos oficiales o falsean páginas web para obtener los datos de los usuarios) del sitio web oficial de la Agetic (Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación), encargada de atender las solicitudes de circulación vehicular en época de cuarentena.
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Según el ODIB, el formulario tenía por objetivo el robo de información personal y privada para cometer delitos de estafa en contra de los ciudadanos.
Página Siete intentó contactarse reiteradamente por distintos medios con la División de Cibercrimen de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para conocer el número de denuncias recibidas e investigadas por este tipo de ilícitos desde el comienzo de la cuarentena. Sin embargo, al cierre de este reportaje no obtuvo ninguna respuesta.
Ciberestafas y otros delitos
De manera general, el director nacional de la Felcc, Iván Rojas, indicó que durante la cuarentena se vio un aumento en el número de casos de ciberestafas y delitos contra la salud pública. Mediante un trabajo de ciberpatrullaje, la División de Cibercrimen identificó en las redes sociales actividades como la venta de elementos de bioseguridad o medicamentos apócrifos que aseguraban curar el coronavirus.
“Hemos identificado que por la necesidad que tenía la ciudadanía buscaba realizar compras de elementos de bioseguridad en un principio para, posteriormente, empezar a buscar a través de las redes sociales la compra de algunos medicamentos con los que poder realizar el tratamiento de la Covid-19. En ese afán empezó a haber una serie de ofertas de insumos que no eran los adecuados”, explica Rojas.
Otros delitos detectados por la División de Cibercrimen, que tienen más que ver con el trabajo rutinario que realizan, son la suplantación de identidad y la creación de perfiles falsos en redes sociales con la finalidad de viralizar fotografías o información malintencionada.
“Este tipo de hechos (la suplantación de identidad y la viralización de mensajes malintencionados) se suele dar en un grupo etario, es decir, entre los adolescentes y parte de la juventud. Las estafas tienen como víctimas a personas adultas, quienes tienen mayor disponibilidad económica”, indica Rojas.
Según el abogado especialista en derecho informático Fabián Espinoza en Bolivia, a diferencia de lo que ocurre en otros países más desarrollados, no suelen darse delitos de ataques a instituciones grandes como bancos. En su mayoría, los delitos que se cometen son más “particulares”, más “personales” y más “básicos”.
“Hay mucho de ingeniería social (métodos utilizados por los delincuentes para explotar la confianza de una persona con el fin de obtener dinero o información confidencial que les permita realizar un delito posterior) para extraer datos y perfilamientos sociales”, detalla el experto, quien en el “Primer diagnóstico sobre ciberdelincuencia en Bolivia”, elaborado por él en 2019, concluyó que “el propósito del 87% de estos ataques tienen un orden patrimonial, es decir, son por motivos económicos”.
Pagina Siete
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