Por los hechos acontecidos en estos últimos meses, el penal de Morros Blancos ha cobrado la mirada de las autoridades y organizaciones que defienden los derechos humanos. El Ministerio Público de Tarija ha reconocido que existe una pugna de poder dentro de la cárcel, lo que motivó el último conflicto, que terminó con un reo quemado vivo. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) advierte que este recinto penitenciario se ha vuelto “una bomba de tiempo”.
Microtráfico de drogas, extorsión a privados de libertad, vulneración de derechos, mala alimentación y pugnas de poder, son algunos problemas que se han identificado en el penal de Tarija, que son resultados del hacinamiento carcelario. Por ejemplo, el área denominada Chonchocorito fue creada para 50 internos, pero actualmente hay más de 100.
La mirada de la APDH
“Es una bomba de tiempo”, fueron las palabras de la representante de la APDH, Yolanda Herrera, a tiempo de referirse a lo que sucede dentro del penal de Morros Blancos.
Herrera identifica un problema en todo el sistema penitenciario, no solamente en Tarija, sino a nivel nacional. En el caso departamental, refiere que existe un alto nivel de hacinamiento tanto en las carceletas provinciales como en el penal de Morros Blancos, lo que está generando un alto nivel de violencia.
Manifestó que desde la APDH existe preocupación, no solamente por lo que están atravesando los privados de libertad, sino por las consecuencias que esto puede traer para la sociedad.
“Hoy tenemos 31.105 privados de libertad, en enero de 2022 teníamos 18.000 privados libertad, tenemos prácticamente 13.000 privados de libertad que se ha incrementado en el último tiempo y esto amerita hacer un análisis sobre la justicia”, dijo Juan Carlos Limpias, director nacional de Régimen Penitenciario.
“Al parecer sí podemos ratificar que existe un nivel de pugna al interior, son móviles económicos claramente los que se están dando, y que desde el mes de septiembre estos han empezado a crecer”, apuntó.
Entre los antecedentes que se tienen, Herrera recordó el caso de un reo que fue quemado con alcohol, luego el caso del exmister Bolivia, Marcelo Ostria, quien ha sido atacado con un fierro –aunque la versión policial refiere un autoatentado-. A esto se suman los hechos del 10 de diciembre, donde se advierte que cuatro privados de libertad fueron víctimas de tortura, y el último hecho en donde ha fallecido un reo incendiado con gasolina el pasado 12 de diciembre.
“Entonces, hay un alto nivel de violencia, de peligrosidad para la sociedad, las autoridades tienen que actuar en conjunto. Pedimos que el Consejo Penitenciario amplíe la convocatoria a otro tipo de organizaciones, para atender este tipo de situaciones”, expuso.
Otro de los aspectos que observó Herrera, es el constante cambio de directores en el penal de Morros Blancos, advirtiendo que cuando alguno de estos está empezando a ajustar su estrategia de seguridad, se producen cambios, lo que genera incertidumbre.
Asimismo, refirió que la cantidad de efectivos policiales es insuficiente. Ya en un anterior reportaje, El País había advertido que son 23 funcionarios por turno y hay más de mil presos, es decir casi un guardia por cada 43 privados de libertad.
El problema nacional
Herrera señaló que Bolivia no tiene un sistema penitenciario, sino que todo se va improvisando sobre la marcha, sin que haya políticas de reinserción social.
“Actualmente es solamente condenar el delito, la misma ley condena, se lo pone en la cárcel, sin ninguna clasificación por delito. Hay personas que por asistencia familiar, y al estar en régimen abierto, fácilmente son presas de extorsión. Tiene que haber una reforma estructural, tiene que ser desde una política que realmente se decida a nivel nacional, de lo contrario están demostrando que los penales en Bolivia son de alto nivel de peligro, porque el Estado tiene que garantizar el derecho a la vida y no lo está garantizando”, afirmó.
Ministerio Público
La fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, reconoció que existe hacinamiento en las carceletas provinciales y la departamental, además de existir grupos de poder que pugnan por el control de cada uno de estos establecimientos.
“Eso se tiene que cortar de raíz, el tema que existan grupos de pugnas de poder dentro del penal, eso no tiene que existir”, expuso.
Gutiérrez mencionó que la Ley de Régimen Penitenciario habla de una reinserción social de los privados de libertad, pero han podido advertir que esto no se cumple, sino que al contrario, que aquellas personas que ingresan con detención preventiva, salen con más ganas de seguir delinquiendo e incluso perfeccionan sus métodos para delinquir.
Mira también
“Eso tenemos que modificar, tenemos un modelo cárcel en La Paz, que no recuerdo el nombre, en el cual se está ejecutando como prueba piloto, pero salen de ahí con oficio, incluso reciben todo el tiempo terapias psicológicas para que entiendan el daño que habían ocasionado, principalmente de aquellos que habían asesinado”, refirió.
EL PAIS
