El Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz programó para el 11 de marzo el inicio del juicio presencial del denominado “caso decretazo” en contra de Luis Fernando Camacho.
“Tenemos programado para el 11 de marzo es lo que en procedimiento penal se conoce como apertura de juicio”, informó el abogado del encarcelado gobernador, Martín Camacho.
De acuerdo con la resolución judicial se instruye que Camacho sea trasladado de la cárcel de Chonchocoro, de la Paz, a Santa Cruz para asistir a dicha audiencia.
Por su parte, el analista Pedro Ugarte señaló que esta etapa tiene “un tinte político” porque la cúpula de Creemos que está en la gobernación cruceña utiliza todos los medios y a la justicia para poder trasladar a Camacho hasta Santa Cruz en rechazo del gobernador suplente Mario Aguilera.
“Ellos (allegados a Camacho) no quieren dejar el poder y quieren seguir manejando los recursos”, señaló Ugarte en entrevista con Bolivia Tv.
El analista explicó que la Resolución Judicial no es “palabra santa”; es decir puede cambiar, en función al bien mayor y ordenar una audiencia virtual.
“Siempre hay que ver el bien mayor ante los intereses de un grupo sectario. La autoridad puede determinar (una audiencia virtual) para evitar problemas, para nadie no es un secreto que existe un grupo radical que sigue a Camacho”, explicó.
Luis Fernando Camacho fue investigado por la emisión del decreto 373 en marzo de 2022, cuando viajó a Brasil.
En dicho decreto delegaba sus funciones a su hombre de confianza, el entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, relegando de esas tareas al vicegobernador Aguilera, y vulnerando el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.
El decreto fue publicado en la Gaceta Oficial de la Gobernación, pero luego del escándalo fue retirado.
Fue hasta octubre de 2023, que la Fiscalía presentó su acusación formal en contra de Camacho por la presunta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, tipificado en el artículo 153 del Código Penal.
En la actualidad, Camacho tiene detención preventiva en el penal de Chonchocoro, en el municipio de Viacha del departamento de La Paz, por el denominado “caso Golpe de Estado I”, proceso activado por la exdiputada Lidia Patty.
ABI
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