Ahoradigital – El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, ratificó la vigencia de las dos órdenes de aprehensión contra el expresidente Evo Morales y afirmó que ningún mandamiento fue anulado. La autoridad pidió que la Policía coordine las acciones necesarias para ejecutar las disposiciones conforme a ley.
Urioste se pronunció el miércoles durante una reunión con integrantes de la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en Sucre, donde confirmó que los mandamientos contra el exmandatario continúan vigentes.
“No se ha cancelado ningún mandamiento de aprehensión respecto al ciudadano Evo Morales”, sostuvo la autoridad, según reportó Red Uno con información de la agencia EFE.
Dos procesos contra el expresidente
Una de las órdenes está vinculada con un proceso por presunta trata agravada de personas, relacionado con una supuesta relación de Morales con una menor de edad durante su gestión presidencial. El caso se encuentra en la vía judicial en Tarija y la orden de aprehensión fue emitida después de que el exmandatario no se presentara al inicio del juicio oral.
La segunda orden corresponde a una investigación por los conflictos sociales y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio de 2026. En este proceso, Morales enfrenta acusaciones por presuntos delitos como terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir, entre otros.
Estas imputaciones deberán resolverse en las instancias judiciales correspondientes y no constituyen, por sí mismas, una sentencia condenatoria.
La Policía debe ejecutar los mandamientos
El fiscal interino señaló que espera una coordinación adecuada entre la Policía y los organismos de inteligencia para definir el momento y las condiciones en que se ejecutarán las órdenes.
Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, donde cuenta con el respaldo de sus seguidores y organizaciones sindicales. Esa situación ha dificultado anteriores intentos de ejecutar el mandamiento de aprehensión.
El cumplimiento de las órdenes vuelve a colocar al Ministerio Público y a la Policía ante el desafío de hacer efectivas las disposiciones judiciales, en un escenario de alta tensión política.
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