El 23 de este mes llegará al país una comitiva de cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para iniciar las investigaciones sobre los hechos luctuosos registrados en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) en noviembre de 2019.
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El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, dijo que, con el objetivo de buscar la reconciliación entre los bolivianos, esta comitiva, que estará a la cabeza de su presidente, investigará los sucesos de octubre y noviembre del año pasado y emitirá un informe que será entregado a la Fiscalía General para que inicie las acciones correspondientes sobre los responsables de esos hechos.
«La investigación internacional desde este gobierno va tener la mayor amplitud y el mayor reconocimiento sin perder nuestra soberanía, es un aspecto muy importante. Abrimos las puertas a que la comunidad internacional investigue, evalúe y emita un informe, pero la palabra final sobre los hechos de Sacaba y Senakta va tener nuestro Ministerio Público y los jueces de este país», afirmó la autoridad.
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Explicó que para conocer los hechos acaecidos a finales del año pasado, el gobierno «abrirá las puertas» de los expedientes de estos hechos, de las Fuerzas Armadas, Policía y de la instancia judicial para el inicio de una investigación internacional.
Lima aseguró que este trabajo «no es un llamado a la venganza, es una llamada a la justicia, es una llamada que el pueblo boliviano vuelva a creer en las instituciones», apuntó.
En un informe preliminar, la CIDH calificó de «masacres» a las represiones de Sacaba y Senkata, que derivaron en la muerte de al menos 36 personas y un centenar de heridos, en medio de la convulsión social que se registró posterior a la renuncia de Evo Morales a la presidencia y la asunción de Jeanine Áñez.
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Por estos sucesos, la anterior Asamblea Legislativa sugirió la instalación de un juicio de responsabilidades contra Áñez y sus ministros de Estado, además de otras autoridades. En su informe, una comisión legislativa explicó que, bajo evaluación del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), se estableció que las muertes en ambas movilizaciones fueron causadas por armas de reglamento de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.
El anterior gobierno dispuso un resarcimiento de 100.000 bolivianos, en el caso de las familias de las víctimas mortales, y entre 50.000 y 10.000, en el caso de los heridos.
Según Lima, a un año de los hechos luctuosos, las víctimas de Sacaba y Senkata no han visto satisfecho sus derechos, ya que al momento no se ha actuado con debida celeridad en el proceso investigativo. «Nadie puede vender la vida de un ser humano y lo que tiene derecho las familias es el derecho a la verdad, a la justicia».
ABI
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